Los documentos “El camino abierto I” y “Camino abierto II” del Dr. Antonio Fernós Isern, publicados en julio y septiembre de 1946 en medio del debate entre el Congreso Pro-Independencia y el Partido Popular Democrático, fueron cruciales en el deslinde entre los independentistas y los no-independentistas dentro de esa organización. Junto a la serie “Alerta a la conciencia puertorriqueña”, compuesta por las partes “El problema”, “El programa”, “El sabotaje” y “El status político” y que fueron hechos públicos en febrero de 1946, la propuesta de Fernós Isern dio cuerpo a la invención de una “tercera vía” de status más allá de la independencia y la estadidad.
Los textos de Fernós Isern tienen la profundidad intelectual que le falta a los de Muñoz Marín, por lo demás más apropiados para estimular la militancia y el compromiso con la causa del partido. La “tercera vía” convenía a una organización que había ido moderando sus posturas radicales a la vez que afianzaba su compromiso con el gobierno de Estados Unidos a las puertas de la Guerra Fría. La relación de Harry S. Truman y el país parece haber sido crucial en ello. El proceso de moderación en el cual entró el PPD desde la campaña de 1940, estaba siendo racionalizado y legitimado.
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“El camino abierto I”, 2 de julio de 1946.
Con preocupación observo una tendencia a disgregación de fuerzas puertorriqueñas. Tal parece que la conjunción de voluntades que llevó a nuestra Legislatura a aprobar por unanimidad la creación de la Comisión del Status, se debilita y amenaza con disolverse. Sería un paso atrás en la lucha política del país.
Los puertorriqueños desde 1900 venimos discrepando en cuanto a cuáles deben ser nuestras ulteriores relaciones con Estados Unidos, pero no hemos discrepado nunca en cuanto a que, cualquiera que sea esta relación, la condición de Puerto Rico ha de ser la de un pueblo libre que fraterniza y se asocia o se une con otro pueblo libre, para vivir en un mundo de civilización. La discrepancia consiste en el grado de relación y en la categoría de relación que cada cual propugna.
Si cada uno ha de querer resolver ambos problemas, en irreconciliable antagonismo con el otro, que también quiere resolverlo, porque la forma de vida de relación con Estados Unidos que él preconiza es distinta de la del primero, el punto de conjunción y convergencia se habrá perdido y cada cual, al combatir al otro, no estará combatiendo solamente la forma de relación que el otro propone, sino la esencia de lo que él mismo propone. Y la esencia es la Constitución plenamente democrática del Pueblo de Puerto Rico.
Democracia no quiere decir otra cosa que soberanía del pueblo; donde no hay soberanía del pueblo no hay democracia, aunque puede haber procedimientos y armazón gubernativa de tipo democrático. Puerto Rico tiene una armazón, unos procedimientos de gobierno y tiene espíritu democrático, pero no es una democracia por cuanto la autoridad suprema de que emana su gobierno no reside en el pueblo sino que permanece, en fideicomiso, en manos del Congreso de los Estados Unidos.
Desde el momento en que Puerto Rico se constituyera, de cualquier modo que fuera, a virtud de su propia autoridad democrática, dentro de una constitución cuya raíz de autoridad se afincara en la voluntad soberana del pueblo, Puerto Rico sería una democracia y el Pueblo de Puerto Rico habría ejercitado y estaría en posesión de su soberanía democrática. Ese principio a todos nos parece bueno; ese principio a todos nos parece esencial; por consiguiente, ese principio debe mantener unidos a todos los puertorriqueños. Entonces, y de ahí en adelante pueden, y hay derecho a que comiencen, las discrepancias en lo relativo a nuestra vida de relación.
¿Cuáles deben ser las relaciones del Pueblo, democráticamente constituido, de Puerto Rico con el Pueblo de los Estados Unidos? ¿Cuáles deben ser las refacciones del pueblo, democráticamente constituido, de Puerto Rico con el resto del mundo? Para resolver esto es preciso afrontar el problema con mente serena y con elevado espíritu. Cada cual tiene derecho a una doctrina; pero no debe perder de vista el derecho de los demás a las doctrinas de ellos.
En Puerto Rico hay quien sostiene, y es opinión legítima y perfectamente defendible, que la relación del Pueblo, democráticamente constituido, de Puerto Rico con el Pueblo de los Estados Unidos, debe ser la de la unión federal; esto es, que Puerto Rico debe solicitar su ingreso como un Estado de la Unión. En Puerto Rico hay quien sostiene, y su opinión igualmente legítima y defendible, que el Pueblo de Puerto Rico, democráticamente constituido, debe asumir una posición de soberanía independiente en el concierto de los pueblos soberanos e independientes del mundo y relacionarse especialmente con los Estados Unidos, a través de la recientemente creada Organización de Naciones Unidas. No puede escaparse, sin embargo, a quien esto opine que hay un círculo de naciones americanas, entre las cuales lógicamente habría de contarse Puerto Rico, y las cuales giran dentro de un círculo menos abarcador que el de las Naciones Unidas; los límites son los del nuevo mundo. Y todavía no debe escaparse tampoco que por razones geográficas, políticas y económicas, Puerto Rico ha de girar dentro de un círculo de menor amplitud aun que el de Pan-América, uno cuyo centro son los Estados Unidos de América. Todo el Caribe está en ese círculo. Por último, más de una vez se ha apuntado la posibilidad de crear una esfera de relaciones cuasi exclusiva para Puerto Rico y Estados Unidos, sin llegar al ingreso de éste en la Unión Federal.
Todas estas opiniones sin embargo, parten de la base esencial de la existencia de una constitución democrática para el Pueblo de Puerto Rico y de que el Pueblo de Puerto Rico ha de tener modos de expresión en cuanto a su propia voluntad para escoger el círculo de relaciones externas en que prefiera girar.
La soberanía sobre Puerto Rico, a virtud del Tratado de París, reposa en manos del Congreso de los Estados Unidos al que hemos de considerar fideicomisario de ella. Para resolver el problema de Puerto Rico, el primer paso, por consiguiente, es obtener del Congreso de los Estados Unidos una expresión de voluntad de entregar al Pueblo de Puerto Rico esa soberanía y, concomitante-mente, dejar establecidas para lo sucesivo las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico.
El problema a veces parece muy simple, pero al acercarnos a él se echan de ver indudablemente las grandes dificultades que contiene. A nosotros concierne, a nosotros corresponde, encontrar la fórmula para llevar a cabo ambos movimientos: el uno, el reconocimiento del derecho democrático de Puerto Rico a gobernarse por sí mismo, a propio derecho; el otro, el reconocimiento del derecho del Pueblo de Puerto Rico a intervenir en el establecimiento de sus relaciones externas, especialmente con Estados Unidos. En el segundo caso no puede mediar nuestra voluntad única; tiene que mediar también la ajena. En donde hay una relación, hay dos derechos.
Las formas clásicas que se han adoptado ante nuestra opinión pública, Estado e Independencia, tienen en sí, contienen, las soluciones a ambos aspectos del problema; el de soberanía y el de relación. Ambas arrancan del principio de la soberanía del pueblo; ambas establecen, cada una en forma distinta, sistemas externos de relación. Por ello se pierde de vista muchas veces, al considerar cada solución globalmente, que cada uno de ellos resuelve dos problemas a la vez.
Cuando más claro pareció haberse visto que hay dos aspectos del problema y no uno solo, fue cuando nuestra Legislatura declaró por unanimidad que debe terminar el sistema colonial, esto es, que debe reconocerse el derecho a una constitución democrática para el Pueblo de Puerto Rico. Al par se dijo en cuanto al sistema de relaciones externas (fórmula de status) que debería convocarse al Pueblo en plebiscito para que éste tomara su decisión.
Y porque estas dos fórmulas se han discutido alternativamente, vis a vis, una siempre en contraposición de la otra, parece que todos habíamos llegado a creer que tenían que ser sometidas al Pueblo a modo de obligada alternativa como única forma de resolver ambos problemas.
Creemos que ahí es donde ha estado el error; creemos que ahí es donde ha estado el motivo principal de incomprensión por parte de quienes han tenido autoridad para resolver al problema, cuando hemos ido ante ellos para exponerlo.
Puedan resolverse los dos aspectos del problema de Puerto Rico: el de soberanía y el de relaciones, conjuntamente, pero deben considerarse separadamente. Pueden resolverse sin necesidad de la obligada alternativa entre la Independencia y el Estado. Vamos a explicarnos.
La actual relación entre el Congreso y Puerto Rico es la de soberanía y posesión. Las relaciones entre ambos ahora han sido establecidas unilateralmente por la autoridad del soberano. Cuando fueran establecidas bilateralmente, el primer aspecto del problema quedaba resuelto y además desde ese momento en adelante las relaciones, cualesquiera fueran, emanarían de la autoridad de ambos; se transformaba por completo la naturaleza de estas relaciones y pasaban a tener las de un acuerdo, un convenio, un pacto, una voluntaria asociación, cualquiera que fuera su grado.
En el momento en que vivimos el ingreso de Puerto Rico en la Unión se confronta con grandes dificultades:
- De naturaleza económica
- De naturaleza política.
A aquellos que sostienen el ingreso en la Unión como solución al problema de Puerto Rico habríamos de preguntarles, ¿Si Puerto Rico hoy, unánimemente, solicitara su ingreso en la Unión, ya porque no nos importaran las consecuencias, ya porque no tuviera cuerpo de realidad el temor a esas consecuencias, esto es, que entendiéramos que podíamos afrontar tales consecuencias, cuál sería el resultado de una negativa del Congreso? Es obvio: la continuación del status actual por tiempo indefinido.
La constitución de Puerto Rico como república independiente se encuentra con graves dificultades. Dada la organización, la arquitectura económica de Puerto Rico, la república debe venir en tal forma, con tales relaciones económicas con Estados Unidos que la república no haya de desembocar en el caos social de Puerto Rico, en el que encontraría su tumba la democracia puertorriqueña. Por otra parte, la consecución de la independencia con relaciones económicas con Estados Unidos para que nuestra estabilidad económica y nuestra estabilidad social permanecieran garantizadas por todo el tiempo que fuera menester, es asunto erizado de dificultades. Si a Puerto Rico se le ofrece la Independencia en forma en que no se garantice su estabilidad social y económica y por consiguiente política, estaríamos ante un dilema. Si la aceptamos aceptaríamos una ilusión, un sueño de verano, una visión sin cuerpo; no habríamos obtenido la república. Si Puerto Rico se niega a aceptarla en esas condiciones, permanecería en el estado actual indefinidamente. ¿Cuál habría de ser entonces, ante ese dilema, la actitud de Puerto Rico? Cualquiera de las dos alternativas es trágica.
El pueblo filipino se encontró ante un dilema parecido pero menos grave y lo resolvió aceptando la independencia a diez años plazo. No podía preverse entonces los acontecimientos de la última guerra mundial. Sobrevino la guerra y ha sido preciso revisar los términos de la independencia filipina; el pueblo filipino no ha obtenido todo lo que ha creído necesitar y ha dado un paso arriesgado en el camino de su vida. Pero su estructura económica no ha dependido nunca de su asociación con Estados Unidos en el grado que depende la estructura económica de Puerto Rico. Filipinas nunca tuvo unión aduanera con Estados Unidos, aunque siempre tuvo libre cambio. Filipinas tiene tierra, puede subsistir con una mera economía agrícola. Lo que para Filipinas es un riesgo económico para Puerto Rico sería una realidad inescapable de ruina.
Ante estos términos del problema ¿habremos de declararnos vencidos; habremos de perder la cabeza, cerrar los ojos y arremeter contra la pared o lanzarnos al abismo?
Yo creo que hay un camino a seguir por el que puede marcharse sin dejar en sus zarzas un girón del traje. Yo creo que el Pueblo de Puerto Rico puede constituirse democráticamente, adoptando, a invitación del Congreso de Estados Unidos mediante plebiscito, una constitución democrática que conlleve además relaciones políticas de dignidad, sin pérdida ni sacrificios de esenciales relaciones económicas y antes bien con ampliación de ellas. Creo que el Pueblo de Puerto Rico al actuar así estaría ejercitando dos actos de soberanía; al aceptar la propuesta a la Constitución y al aceptar los términos de relación. Estos términos de relación habrían de ser alterados sólo por concurrencia de ambas partes. Creo además que no obstante debería reposar en el Pueblo de Puerto Rico la potestad de, cuando lo quisiera, solicitar su admisión en la unión federal, si ésa era su voluntad. Podría obtenerla si ésa era la voluntad de los Estados Unidos. Igualmente creo que debería reposar en el Pueblo de Puerto Rico, la potestad de escoger al momento, si fuera su voluntad, para constituirse en república independiente. Al pueblo correspondería escoger uno de los dos caminos; al pueblo correspondería decidir cuándo deseaba hacerlo; del pueblo sería la responsabilidad de la resolución y de sus consecuencias.
Se ha querido sostener que todos los pueblos, al emanciparse, están obligados a un sacrificio para obtener su emancipación y que si los unos sacrifican su sangre y su vida, los otros cuando menos deben sacrificar su pan. No es ésta la ley de la civilización; esos conceptos contienen los restos de ideas de una época bárbara en que no señoreaba la justicia entre los hombres ni entre los pueblos. A los pueblos pequeños más que a ninguno importa reclamar que todas las diferencias entre los hombres se resuelvan en justicia, sin dolor ni sufrimientos, en la comprensión y en la paz. Si el Pueblo de Puerto Rico puede, y yo creo que puede, resolver su problema político sin sacrificio de su civilización, es obligación del pueblo de Puerto Rico encaminarse por esa senda para llegar por el camino de la justicia y de la civilización hasta sus altos objetivos.
Comentario:
El texto de Antonio Fernós Isern “documenta” la imposibilidad de la independencia con datos “fidedignos”. La idea de que la “democracia” es la “soberanía del pueblo”, se convierte en una alternativa menos radical a la que sostiene que la “democracia” es la “soberanía de la nación”. De ese principio deriva la idea de que si bien Muñoz Marín piensa la política como un “autonomista”, Fernós Isern la piensa como un “soberanista”. Los “populares soberanistas” del presente han planteado argumentos similares para sostener sus posturas.
La “tercera vía” es una brecha entre la “unión federal” (el Estado Federado) y la “soberanía independiente” (la República). La brecha consiste en “crear una esfera de relaciones cuasi exclusiva para Puerto Rico y Estados Unidos, sin llegar al ingreso de éste en la Unión Federal”. La impresión que queda es que esa “tercera vía” estaría más cerca de la estadidad que de la independencia.
El responsable de hacer esa “tercera vía” posible es el Congreso, en quien reposa la soberanía de Puerto Rico desde el Tratado de París de 1899. Las relaciones entre Puerto Rico y estados Unidos han sido establecidas unilateralmente por el Congreso. El cambio radica en hacer bilaterales sin llegar ni a la Estado federado ni a la República. La “tercera vía” es un acuerdo, un convenio o un pacto bilateral que desembocaría en una “voluntaria asociación” (Libre Asociación) entre ambas partes.
Ese era el concepto que animaba a los juristas del partido Popular Democrático en 1946, el que comprometió a muchos independentistas con la causa del Partido Popular Democrático y el que parece animar a los sectores soberanistas que han vuelto a organizarse después de la derrota electoral del 2008. En efecto, el Estado Libre Asociado de 1952 no cumplió con aquellas expectativas.
- Mario R. Cancel
- Historiador y escritor
El Senado y la Cámara de Estados Unidos aprobaron la legislación porque reconocían que la misma evadía la estadidad ni la independencia, dos propuesta que como se sabe no estaban dispuestos a articular, la primera por consideraciones culturales y la segunda por cuestiones geoestratégicas. La otra razón de peso para aprobar la legislación habilitadora fue que quedaba claro que la misma no comprometía al Congreso ni con la estadidad ni con la independencia para el futuro. La impresión que queda es que el Congreso que estimula la revisión del status esperaba que la solución alcanzada cerrara el asunto del status de una manera definitiva. En ese sentido no estaba contando con la opinión de los independentistas ni de los estadistas, movimiento en los que había numerosos ideólogos poco dispuestos a aceptar el lenguaje que se les pretendía imponer.
La Ley Pública 600 estipulaba que el Art. 5 de la Ley Orgánica Jones de 1917 permanecería inalterado. El contenido del mismo resulta esencial para evaluar la cota de soberanía a la que Puerto rico podía aspirar. En el Art. 5 el Gobierno Federal se reservaba el control sobre las aduanas, el comercio exterior, el sistema monetario, la defensa, la justicia, los correos y la política exterior de Puerto Rico. Las relaciones fiscales y la soberanía del Congreso, en consecuencia, quedarían incólumes. Lo único que se revisó fue el nombre: en adelante se denominaría se llamaría Ley de Relaciones Federales.
