- Mario R. Cancel Sepúlveda
- Catedrático de Historia y escritor
El período que va de 1940 a 1964 fue determinante en la configuración de la imagen del Puerto Rico moderno. A lo largo de aquellos 24 años, se consolidaron las estructuras de lo que se denominaría el Estado Interventor, Providencial o Benefactor que el país ha visto disolverse desde la década de 1990. Aquel proceso tuvo la peculiaridad de que se ofreció en el contexto de una relación de dependencia colonial con Estados Unidos que fue refinada en 1952 por medio de la constitución del territorio no incorporado en un Estado Libre Asociado. El caso de Puerto Rico es, por lo tanto, único.
La victoria parcial del Partido Popular Democrático en las elecciones de 1940 jugó un papel determinante. La intención de los populares estaba por cumplirse: la relación entre la gente y el Estado sufrió un cambio interesante. En términos generales, la impresión de que el Estado actuaría como un mediador justo en las tensas relaciones entre el Pueblo y el Mercado se afirmó. Los cuadros administrativos del PPD tenían una gran responsabilidad a cuestas. La tarea no debía ser difícil por el hecho de que el referente inmediato que poseía la gente era el gobierno de la Coalición Puertorriqueña. Los Republicanos y los Socialistas eran considerado como lo socios naturales de los grandes intereses y el capital absentista.
Puerto Rico, Puerto Pobre
Para consolidar su imagen, el PPD se apoyó en un conjunto de actos que confirmaban su compromiso moral y material con la gente. El lenguaje del “Nuevo Trato” fue instrumentalizado con eficacia por el liderato que rodeaba a Luis Muñoz Marín, una figura carismática no exenta del autoritarismo que caracterizó a los líderes de los movimientos populistas de su tiempo. Las acciones de los populares traducían las políticas de los Demócratas en Estados Unidos. Muñoz, Roosevelt y Tugwell, fueron las figuras emblemáticas de aquel momento de cambio al cual todavía se apela en momento de crisis hoy.
El proceso no se desarrolló sin tropiezos. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las derechas políticas, identificadas con los Republicanos, calificaron como socialistas aquellas prácticas. Su alegato era que el Novotratismo atentaba contra los valores de la Libre Empresa y la Libre Competencia y minaban las bases del capitalismo liberal clásico. Pero no tomaban en cuenta que aquellas prácticas se llevaban a cabo con el fin de salvar el capitalismo y no con el propósito de socializar la riqueza y eliminar la propiedad privada. Las derechas perdieron la compostura ante el reformismo una vez vieron amenazado el control sobre el capital y, con ello, su posición social.
La aplicación del “Nuevo Trato” tuvo el efecto de suavizar las tensiones políticas y las tensiones de clase en Puerto Rico dentro de los sectores más propensos a la moderación. El único sector que no se tranquilizó fue el Partido Nacionalista, representado por la voz de su Presidente Pedro Albizu Campos. Tanto en 1930, en medio de la Gran Depresión, como en 1950 en el preámbulo de la construcción del ELA, sus posturas se endurecieron y respondió con la violencia.
El elemento más característico de aquel período fue, como se ha dicho, que el Estado desempeñó un papel muy activo en el mercado y la economía. La práctica de “dejar hacer, dejar pasar” propia del capitalismo clásico fue revisada, y el Estado comenzó a intervenir y regular las prácticas económicas y, cuando fue posible se convirtió en un agente activo. La novedad era que el capital público estuvo en posición de competir con el capital privado, todo ello en nombre del Pueblo. La diversificación de las funciones del Estado fue clave en el proceso de profesionalización de su plantilla de funcionarios y el crecimiento del mismo. El servicio público según lo conocemos y lo que acabó por denominarse el “gigantismo estatal”, encuentran sus fuentes en aquel proceso.
Teodoro Moscoso: un signo del Puerto Rico industrial y dependiente
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la imagen que se tenía en aquel entonces se apoyaba en el convencimiento de que el Estado podía ofrecer servicios de más alta calidad y a un costo más bajo que la empresa privada. El egoísmo en que se apoyaba la empresa privada no era entonces una característica atribuible al Estado. La percepción dominante era que el Estado era el representante sincero del pueblo ante la explotación del capital. Si se compara aquella situación con los argumentos que se han utilizado en los últimos 20 años para justificar las privatizaciones de los bienes públicos, se comprenderá el abismo que existe entre aquel momento y el presente.
El PPD consiguió sus metas inmediatas mediante la instauración de una serie de medidas y la creación de un conjunto de entidades que estimularon y racionalizaron las estructuras económicas del país. El modelo más importante fueron una serie de corporaciones públicas que tuvieron el deber de invertir capital público en infraestructura útil y una serie de obras modernizadoras. El proceso marcó el camino del país a la modernización de una manera convincente y palpable, y cambió las percepciones sociales y culturales de la mayoría de los puertorriqueños. La idea de que se estaba “rompimiento con el pasado” resultaba innegable para aquella generación de puertorriqueños. La gente estuvo en posición de apreciar el “cambio que se ve” más que en ninguna otra época de la historia nacional. Si fuera a hablar de un momento “traumático” en el pasados colectivo, no escogería el 1898 y el “cambio de soberanía” sino el camino que se abrió para el país después de 1940.
Las medidas
Las medidas más significativas que se tomaron iban en dos direcciones: una miraba hacia el pasado y la otra hacia el futuro. De cara al pasado, en 1941 se aprobó una Ley de Tierras con el fin de cumplir una promesa esperada por muchos: la articulación de una reforma agraria y minar el latifundismo mediante el cumplimiento de la vieja Ley de los 500 acres que prohibía a la corporaciones acaparar tierras más allá de aquella extensión. Para ese fin se fundó una agencia denominada Autoridad de Tierras. De cara al futuro, luego de algunos esfuerzos infructuosos en aquella dirección en 1944 y 1945, no fue hasta 1947 que se aprobó una Ley de Incentivos Industriales que concedía exención contributiva a los inversionistas extranjeros y que fue la base de la “Operación Manos a la Obra”, fundamento del proceso de industrialización del país. La industrialización había sido sugerida como una alternativa de futuro para el país del 1934 por el entonces Canciller o rector de la Universidad de Puerto Rico el Dr. Carlos Chardón por lo que se trataba de una opción que habían compartido los intelectuales del Partido Liberal Puertorriqueño y luego del PPD.
La meta era convertir a Puerto Rico en un lugar apropiado para la inversión de capital americano. Las razones para ello era que Europa y Japón estaban reconstruyéndose de la devastación producida por la guerra; mientras África y el Sudeste Asiático, estaban en proceso de salir del coloniaje a la vez que China caminaba hacia el Comunismo, sistema que se consolidó en aquel inmenso país en 1949. Recuerde el lector que tras la guerra, los imperios coloniales inglés, francés y holandés se estaban disolviendo y la Unión Soviética, el principal aliado de Estados Unidos contra el nazismo, se había convertido en el enemigo desde 1947.
Aquellas políticas de los populares trabajaban los dos frentes más importantes del partido de gobierno y de Muñoz Marín. El agrario, con la intención de establecer acceso democrático a la tierra, y el industrial, estableciendo las condiciones concretas para su fomento: hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal sobre la base de exenciones. Es curioso que, todavía al presente, se siga pensando en que esa es la única salida que tiene el país a pesar de que históricamente, se pueda demostrar que aquellas prácticas nunca han garantizado un crecimiento seguro y permanente.
Las entidades
Las entidades de mayor relevancia fueron la Junta de Planificación, creada en 1942, la cual tendría la responsabilidad de desarrollar un “Plan Maestro de Desarrollo” cuya articulación descansaría en manos de la Compañía de Fomento Industrial. El culto a la “planificación” como alternativa a la “anarquía capitalista” se generalizó después de la Gran Depresión en espacios tan disímiles como Washington y Moscú. Roosevelt y Stalin caminaban el mismo sendero que trataba de imponer la racionalidad al mercado en nombre del progreso material.
Aquel mismo año 1942, se creó el Banco de Fomento, institución que apoyaría con crédito barato el financiamiento de empresas privadas y públicas que allanaran el camino a la industrialización. Otra vez mirando hacia el pasado agrario, se estatuyó en 1945 Compañía de Fomento Agrícola cuyo objetivo era responder los reclamos de los agricultores medianos y los colonos de la caña. Cuando en 1950 la Compañía de Fomento se puso en manos de Teodoro Moscoso, el Banco de Fomento ya era uno de los motores de crecimiento de renglones como el de la construcción que ha sido considerado uno de los pilares del desarrollo industrial del país hasta el presente.
Sobre esa base se manufacturó una imagen de Puerto Rico en la que este ofrecía un espacio privilegiado de producción caracterizado por la paz social, la mano de obra barata y la exención contributiva al capital extranjero. El problema era que el “extranjero” en Puerto Rico, que tenía una relación de libre mercado con Estados Unidos, se limitaba a aquel país. El paraíso fisca fue también un paraíso para la inversión americana y, mientras aquellas condiciones se mantuvieran, el esquema debía ser al menos funcional.
Turismo: el paraíso tropical
Las corporaciones públicas
Las corporaciones públicas cumplieron un papel protagónico en la inversión en infraestructura, aspecto más visible del cambio y la modernización. En 1941 se fundó la Autoridad de Recursos Hidráulicos que tenía la responsabilidad de promover la electrificación del país mediante el aprovechamiento del potencial hidrológico de la isla, una de las mejor irrigadas del Caribe, y facilitar el acceso a agua potable a bajo costo a las mayorías. El papel que tuvo el consumo de agua potable en la higiene y la salud pública fue enorme, por cierto, pero es un asunto que no se puede discutir en este espacio. En 1942 se instituyó una Autoridad de Transportes que desarrollaría la transportación pública en la zona metropolitana de San Juan, región privilegiada de las políticas desarrollistas de los populares; y una Autoridad de Comunicaciones que difundiría la telefonía y la telegrafía, recurso que apenas habían asomado en las zonas urbanas del país hacia la década de 1890. En 1945, como último ejemplo, se creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cual se encargaría de distribuir agua potable y de disponer eficazmente de los desperdicios sanitarios por medio de un sistema de alcantarillados urbanos que todavía en el presente no ha llegado a todas las regiones del país.
Vistas en su conjunto, aquellas reformas significaban el aspecto más visible de la modernización de Puerto Rico y desprenderlas del Partido Popular Democrático resulta extremadamente difícil. En su conjunto, hacían al país más atractivo para los inversionistas americanos quienes, en su mayoría, estaban acostumbrados a las comodidades de la vida moderna desde hacía más de 50 años. Para los puertorriqueños comunes, los cambios eran una demostración de progreso social que había que aplaudir. Celebrándolos celebraban al PPD en el poder, organización que entre 1940 y 1964, ganó todas las elecciones por una amplia mayoría.
