El Partido Nacionalista y las Elecciones de 1932

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor

El programa electoral del Partido Nacionalista insistía en que el estatus sí estaba en issue en las elecciones de 1932. El contraste con la actitud del Partido Popular Democrático ante los comicios de 1940 es notable. La organización desarrolló una campaña que, por lo atrevida, los condujo por una ruta riesgosa para sus aspiraciones electorales.

Aspectos de una campaña radical

Lo primero fue una campaña contra lo que Pedro Albizu Campos denominó la prensa colonial, sintetizada en su controversia con El Mundo iniciada en noviembre de 1931. El 24 de septiembre había estallado una huelga como respuesta por la suspensión de 138 universitarios que criticaron en la prensa el despido injustificado de empleados del sistema por motivaciones políticas. El líder nacionalista acusó al periódico de estar al servicio del Gobierno sobre la base de que en sus páginas se había condenado las actuaciones de dos líderes estudiantiles que militaban en el Partido nacionalista: Eugenio Font Suárez y Gilberto Concepción de Gracia. Sin embargo, lo que más molestó a los directivos del diario, Antonio Coll y Vidal y Ángel Ramos, fue la acusación de que ello no tenían capacidad económica para sostener esa empresa. La implicación de que la empresa periodística era financiada por el Gobierno Colonial era clara. Lo cierto es que El Mundo representaba las posiciones de un segmento de la derecha colonial pero ello no necesariamente significaba que fuera un proyecto mediático sostenido por el Estado. El Mundo, que era uno de los diarios más leídos del país, respondió con una campaña anti nacionalista que afectó la imagen pública de Albizu Campos ante las elecciones. No sólo eso, el rotativo cerró sus páginas para el Partido Nacionalista durante meses. Los efectos de enfrentar los medios masivos de comunicación con argumentos de esa naturaleza son bien conocidos.

Lo segundo fue una polémica que involucró al poderoso Instituto Rockefeller fundado en Manhattan en 1901, y el Dr. Cornelius P. Rhoads, investigador de enfermedades tropicales y médico con rango de coronel en el ejército de Estados Unidos que laboraba en el Hospital Presbiteriano. El debate giró en torno a una carta comprometedora en donde Rhoads manifestaba su desprecio a los puertorriqueños y, de paso, alegaba, que había matado varios de ellos e inoculado células cancerosas a otros más. El documento llegó a manos de Luis Baldoni, empleado y nacionalista, quien la reportó ala autoridades hospitalarias. Ante la inercia de la institución, la puso en manos del Partido Nacionalista. El texto completo de la nota se encuentra en una Informe del FBI fechado el 26 de febrero de 1936 en Washington en la página 9.

El Partido Nacionalista la hizo pública y la utilizó para argumentar que se trataba de un “plan genocida” o “de exterminio” contra la Nación. Rhoads se fue del país impune y alegó que la carta era “una composición fantástica escrita en broma como entretenimiento personal”. Independientemente de ello, la nota era de mal gusto y resumía prejuicios étnicos y culturales reales que se pueden documentar en la bibliografía de numerosos estadounidenses de la época con respecto a los puertorriqueños. Por ello provocó la indignación general, el escándalo se difundió en estados Unidos y animó una investigación oficial del gobierno colonial al respecto. Broma o no, dio municiones al Partido Nacionalista justificar sus argumentos en torno a la realidad de una Guerra entre Civilizaciones y criminalizar el coloniaje muy eficaz entre los meses de  enero y febrero de 1932.

El 16 de abril de 1932, en la conmemoración del Natalicio de José De Diego con un mitin en la Plaza Baldorioty, los ánimos nacionalistas estaban bastante caldeados. El Caso Rhoads se combinó con una propuesta del líder anexionista Celestino Iriarte. En medio de su discurso Albizu Campos invitó a la multitud a que le acompañara al Capitolio con el fin de evitar la aprobación de una Ley que convertía la Bandera del partido nacionalista en Bandera Oficial de la colonia. Cerca de 800 personas, de acuerdo con los informes de la prensa, caminaron de la Plaza Baldorioty al Capitolio –como si se tratase de una nueva Bastilla- pasando frente a donde hoy se encuentra el edificio de Hacienda, el Ateneo, la Casa de España y la actual Biblioteca Carnegie. En el tránsito se armaron con palos y piedras y penetraron al recibidor del Capitolio por la banda sur. El edificio, que estaba en reparaciones y el forcejeo entre nacionalistas y elementos de la Policía Insular, produjeron el derrumbe de una baranda y la muerte  del joven Manuel Rafael Suárez Díaz. Las consecuencias de ello fueron dos: el acto produjo el primer arresto contra Albizu Campos y el primer mártir proclamado por el nacionalismo. Las consecuencias del mismo pueden considerarse un triunfo político: el proyecto no se aprobó y Manuel G. García Méndez y Antonio R. Barceló, liberales, celebraron el acto como uno heroico. Por lo demás, Albizu Campos fue encontrado posteriormente no culpable del delito de incitación a motín de que se le acusó. El episodio generó brotes esporádicos de violencia durante los días siguientes.

Dr. Cornelius P. Rhoads en su uniforme

El Proyecto de la Bandera era un asunto delicado y complejo. La bandera había sido creada en 1896 por la Sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Aquella había sido una alianza entre independentistas, confederacionistas y anexionistas, distinta por completo al Partido Nacionalista. En ese sentido, cualquiera de los tres sectores ideológicos podía reclamar la insignia como suya. El  único argumento que legitimaba el reclamo de Albizu Campos era que el mítico creador de la misma -Antonio Vélez Alvarado- militaba en el Partido Nacionalista desde su fundación. El reclamo de exclusividad también provenía del hecho de que el partido la usaba como distintivo electora y aspiraba que ella fuese la bandera de la república.

Uno de los actos agresivos más difundido fue, por último, la agresión de Luis F. Velázquez, nacionalista de Ponce, al Juez Presidente del Tribunal Supremo Emilio del Toro y Cuebas el 15 de junio de 1932. Toro Cuevas era anexionista y sería el Juez Presidente que el 25 de junio de 1937 autorizó el desaforo de Albizu Campos después de su condena a la cárcel de Atlanta, Georgia. Parte de su obra se recogió en 1950 en el volumen Patria. Artículos, discursos, informes y entrevistas, edición que estuvo a cargo de la conocida Biblioteca de Autores Puertorriqueños, dirigida por Manuel García Cabrera. Las leyendas sobre la polémica son múltiples. Algunas fuentes alegan que fue un acto premeditado entre Albizu Campos y Velázquez, otros lo usan para demostrar la capacidad jurídica del abogado e incluso se alude al mismo como la demostración de la ilegalidad del sistema colonial por el resultado del pleito en los tribunales estatales.

Mitología aparte, la acción consistió en que Velázquez abofeteo a Toro y Cuebas en terrenos del Tribunal Federal por una afrenta a la bandera nacional y lo reta a duelo en el campo del honor: una acción muy de acuerdo con el hispanismo dominante entre los nacionalistas. Velázquez era una figura prominente de su tiempo: no se trataba del “tipo común” de la reciente agresión al gobernador Luis Fortuño Burset. Velázquez había sido miembro de Partido Autonomista Puertorriqueño en el siglo 19, periodista destacado, colaborador de Luis Muñoz Rivera en sus campañas y masón activo, además de ser un empresario destacado. Albizu Campos consiguió su absolución sobre la base de “falta de jurisdicción” al momento del arresto. Velázquez fue arrestado por la Policía Insular y procesado por los Tribunales de Puerto Rico, por un delito  que había sido cometido en la Jurisdicción Federal por lo que debió ser arrestado y procesado por el sistema de Tribunales de Estados Unidos. El impacto mediático de la decisión debió ser mucho, pero el efecto político pudo haber sido reducido.

Un antecedente de todo ello fue la conferencia de la Asociación Republicana de Puerto Rico celebrada en el Ateneo Puertorriqueño para discutir y celebrar la Segunda República Española el 14 de junio de 1931 en el Teatro Tapia de San Juan Antiguo. El choque ideológico con la juventud liberal representada por Antonio J. Colorado; y el socialismo amarillo, encabezado por Santiago Iglesias Pantín, desemboca en tumulto que condujo a la intervención de la Policía Insular con el fin de aplacar los ánimos. La diferencia radicó en que mientras los dos citados celebraban la República como el nacimiento de la España Nueva Laica y Moderna, Albizu Campos lamentaba la muerte de la  España Tradicional Romántica y Monárquica y le reconocía el papel de Gestora de la Hispanidad y la Nacionalidad. El ambiente no era apropiado para celebrar la Monarquía y podía interpretarse como un atrevimiento o una arrogancia intelectual. Su conclusión resulta magistral para comprender el hispanofilismo de los nacionalistas:

“Todo eso lo lloro yo, la última romántica del siglo XX tal vez; y por eso yo me pregunto, si en este movimiento republicano socialista español, se piensa copiar los principios de la Constitución americana, para implantar el régimen actual; ¿Podrá la ardiente España, implantar con fortuna cánones de un frío pueblo sajón, incapaz de emociones, responderán estos a su psicología? (El imparcial, 25 de abril de 1931)

Albizu Campos representaba el extraño caso de un abogado liberal, hegeliano en cuanto al destino de libertad de la Nación que incluso apela a una campaña electoral científica como un Hostosiano positivista, pero percibe la República Laica Moderna como un sistema inhumano  y negativo para España por su racionalidad e incapacidad de emocionarse.

La apelación a la violencia en el contexto electoral

Entre los años 1930 y 1932 la apelación a la violencia se reitera de diversos modos. La más notable es la promesa de recurrir a las armas si no son escuchados. La toma del Capitolio con una turba nacionalista y la asociación del partido y su líder a varios tumultos y agresiones físicas fueron parte de ello como el del Teatro Tapia en el verano de 1931. Pero debo aclarar que la violencia–sindical, criminal y doméstica-, política –revolucionaria y electoral- no era una novedad.Como se verá en los enlaces de referencia al calce de este comentario, sus índices se habían  multiplicado en la década de 1930. A sabiendas de ese hecho, la historiografía oficial moderada ha concentrado en la discusión de la violencia nacionalista, la ha visto con el “ojo del caballo” y la ha “demonizado” de una manera muy eficaz

A pesar o por razón de su campaña, en las elecciones de 1932 el Partido Nacionalista de Puerto Rico solo obtuvo 5,257 votos: Albizu Campos marcó 11,882 para Senador por Acumulación. La Coalición Puertorriqueña ganó 6 de 7 Distritos Electorales; 28 de 35 Distritos Representativos, y 51 de 72 Municipios. Iglesias Pantín obtuvo a la Comisaría Residente y Antonio R .Barceló y Luis Muñoz Marín, liberales e independentistas obtuvieron su pase al Senado. El Anexionismo estaba en el poder por primera vez desde 1904. La crisis económica favoreció un auge anexionista en el país, sector que mantuvo en el poder hasta 1940.

Albizu Campos atrajo independentistas del Partido Liberal Puertorriqueño y no afiliado en la papeleta: Muñoz Marín, en entrevista con Ángeles Mendoza (El Mundo, junio de 1931) alegó que votaría por él para Senador por Acumulación. El nacionalismo de Muñoz Marín estaba entroncado en la tradición de la New Left –roja- de Estados Unidos; y en la experiencia al lado del Partido Socialista e Iglesias Pantín entre 1920 y1922. Pero ello no fue suficiente para obtener el escaño. El giro a la violencia no fue el resultado de una derrota electoral sino consecuencia del fracaso del experimento electoralista. La necesidad de hacer la República en lo inmediato, por las armas si fuese necesario, se impuso.

Mensaje en la víspera de las elecciones de 1952

• Gilberto Concepción de Gracia
• Presidente del PIP

Ya faltan sólo siete días para que nuestro electorado acuda a las urnas —el 4 de noviembre— a decidir con sus votos si ha de continuar el gobierno irresponsable y despilfarrador que padecemos rigiendo los destinos de nuestra patria, o si ha de poner las riendas del gobierno en manos capaces y responsables al pueblo de Puerto Rico.

El Partido Independentista Puertorriqueño, el nuevo partido que el pueblo ha creado con un nuevo programa y una nueva actitud ante los problemas de administración pública, comparece ante la conciencia honrada de nuestras muchedumbres campesinas y obreras y de la clase media, y les pide su voto en las urnas el próximo 4 de noviembre para terminar con el desgobierno, con la corrupción, con la irresponsabilidad, con el atropello y con el sistema colonial. Para lograr tal objetivo es preciso hacer el 4 de noviembre una cruz —una sola cruz— debajo de la bandera de la cruz, que es la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño en la papeleta electoral.

Ayer demostré que el Partido Popular, a consecuencia de la traición de su Presidente y hoy gobernador colonial de Puerto Rico, no cumplió con la promesa que le hiciera al electorado de liquidar la colonia en nuestro suelo.

Revelé detalles de dos conferencias sostenidas con el Presidente del Partido Popular y hoy gobernador colonial de Puerto Rico en 1944 en las que él contrajo el compromiso de presentar para su aprobación en la legislatura legislación encaminada a poner fin a la colonia mediante la consulta al pueblo, en unas elecciones especiales, de si quería que Puerto Rico se constituyera en un pueblo libre o fuera admitido como un estado federado norteamericano.

Indiqué que el gobernador de Puerto Rico y Presidente del Partido Popular no cumplió su palabra empeñada. Agrego ahora que no la cumplió, a pesar de que me autorizó, al hacer el compromiso, a aplicarle los calificativos más fuertes si no cumplía su palabra.

Invité hoy al Presidente del Partido Popular, y a un mismo tiempo Gobernador colonial de Puerto Rico, a negar mis palabras, si podía, y de aceptarlas, como es de rigor que las acepte, a explicar las razones que tuvo para violar su compromiso y el compromiso del Partido Popular Democrático, de resolver el problema de status político sobre la base de una consulta pública, hecha directamente al pueblo, para que éste dijera si quería su soberanía en la independencia o si la quería en la estadidad, únicas fórmulas de status político proclamadas por Muñoz Marín como capaces de dotar de soberanía, o sea, de autoridad política última, al pueblo de Puerto Rico.

Muñoz Marín no ha contestado mi pregunta todavía, pero tiene la oportunidad de hacerlo dentro de breves minutos. Yo espero que lo hará.

Ahora bien, a partir de 1945 Muñoz Marín, a pesar de realizar actos contrarios a la independencia, le decía a los populares en privado que él era independentista y que en su oportunidad él haría la independencia de nuestra patria. Llamaba impacientes a los que querían que no se esperara más y caracterizaba como inoportuna toda reclamación de que se nos reconociera nuestra soberanía.

Así como tomó como pretexto de 1940 a 1944 el que el Partido Popular no tenía de dominio de ambas cámaras, de 1944 a 1948 se amparó en la alegación primero de que había que esperar que terminara la segunda guerra mundial y después que había que esperar que subieran nuestros índices económicos.

Había que esperar, que esperar, que esperar. Siempre la espera. Mañana sí, pero nunca hoy. Esa era la filosofía engañosa y perversa que ponía en práctica Muñoz Marín.

Le decía a los populares que no acudieran a los Congresos Pro Independencia porque él iba a hacer la independencia. Argumentaba que tenían que mantenerse todos los líderes en silencio, que había que hacer el sacrificio del silencio, para no poner en peligro el advenimiento de la independencia traída por él, Luis Muñoz Marín.

A mí me dijo personalmente en 1944 que era independentista, que el silencio que había mantenido por espacio de cuatro años le había quemado las entrañas y me gritó, citamos: “Gil­berto, Quítame esas amarras, Quítame esas amarras”. Cuando así hablaba se refería a que quería que le escribiera la carta que a solicitud suya le envié, consultándole cuándo iba el Partido Popular a hacer la consulta sobre status político.

Después de celebradas en Washington las vistas en torno al proyecto Tydings, yo denuncié ante el país las prácticas saboteadoras de la independencia y de la estadidad, realizadas en Washington por Luis Muñoz Marín.

Yo era entonces Presidente del Congreso Pro Independencia. Muñoz Marín declaró incompatible la condición de popular con la condición de miembro del Congreso Pro Independencia. Pero le dijo a los miembros de su partido que él era independentista y que él iba a traer la independencia a Puerto Rico.

Llegadas las elecciones de 1948 hizo grandes esfuerzos para atraerse a los partidarios de la independencia y de la estadidad. Con ese propósito hizo aprobar unas bases programáticas en las que el Partido Popular, a solicitud de su Presidente, se comprometía a gestionar del Congreso la aprobación de una ley mediante la cual se facultara a nuestra legislatura para, en cualquier momento que entendiera que el desarrollo económico del país lo justificara, consultar al pueblo sobre si quería la independencia o la estadidad, fórmulas que fueron declaradas como las que pueden resolver el problema de soberanía de Puerto Rico. Muñoz hizo además el compromiso en el programa de gestionar del Congreso el que se comprometiera a respetar el derecho de opción del pueblo de Puerto Rico. En otras palabras, Muñoz se comprometía a obtener del Congreso que pusiera en manos de la legislatura el poder de declarar cuándo se debía consultar a nuestro pueblo sobre el problema del status político y a obtener una declaración del Congreso comprometiéndose a respetar la voluntad expresada en las urnas por el electorado puertorriqueño.

Muñoz  no cumplió su promesa. Por el contrario, después de las elecciones de 1948 Muñoz se dedicó a combatir tanto la independencia como la estadidad. Abiertamente empezó a meterle miedo al pueblo y a tratar de desacreditar el estado y la independencia.

Manifestó que a la puerta de la independencia estaba un toro bravo para fajarnos y a la puerta de la estadidad un tigre hambriento para devorarnos. Así se burló Muñoz de los millares de independentistas que todavía en 1948 creían en él y votaron por él creyendo que era independentista.

En 1949 Muñoz intensificó su campaña en contra de la independencia. La combatió en todo foro: ante el pueblo de Puerto Rico, ante la Conferencia de Territorios Dependientes, ante la Organización de Estados Americanos, ante el Congreso de Estados Unidos y ante todo el mundo civilizado. Se convirtió entonces en un aliado abierto de las fuerzas reaccionarias que quieren mantener a nuestra patria en estado de coloniaje.

Se entregó en manos de los ricos, de los poderosos, de los latifundistas, de los banqueros, de los pulpos navieros, de los inversionistas ausentes, de los bonistas de Wall Street, de las fuerzas de la gran finanza, en fin, de todos aquellos intereses que se benefician con la colonia y no quieren la libertad de Puerto Rico.

Entonces sus amigos dejaron de ser los defensores de la independencia en el Partido Popular y fueron sustituidos por los coloniales y por los renegados del ideal.

De ahí en adelante, los hombres y mujeres que ayudaron a funda el Partido Popular Democrático; aquéllos que siguieron a Muñoz en el Partido Liberal Puertorriqueño; aquéllos que con él fundaron Acción Social Independentista; aquéllos que se fueron del Partido Liberal porque él había sido expulsado en Naranjales; aquéllos fueron declarados enemigos del pueblo.

Muñoz quiso negarles la sal y el agua. Quiso destruirlos. Quiso pulverizarlos. Quiso eliminar todo vestigio de independencia en nuestra patria.

Fue entonces que conspiró para que se aprobaran la Ley 600 , y la mal llamada Constitución en un intento maquiavélico para destruir el movimiento independentista y perpetuar la colonia en nuestro suelo con el consentimiento de los propios puertorriqueños.

Muñoz utilizó entonces ilegalmente el poder público y usó a mares el oro corruptor para matar en el alma del pueblo el santo ideal de independencia.

Un día, en Jayuya —el 2 de junio de 1951_;— creyéndose dueño y señor de todas las voluntades en Puerto Rico, hizo su más rudo ataque contra la independencia y declaró que la defensa que en el pasado había hecho del sagrado ideal era, citamos, “un error de juventud”.

Esa es la historia de la traición de un hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esa es la historia de la traición de un hombre que pudo ser un capitán de almas y que, triturado por la colonia, se convirtió en un lacayo de las fuerzas que mantienen a Puerto Rico en estado de coloniaje. Esa es la historia triste del hombre que el pueblo deberá derrotar en las urnas el próximo 4 de noviembre, haciendo una cruz debajo de la bandera de la cruz redentora del Partido Independentista Puertorriqueño.

En breve él hablará por esta estación. Conteste esa pregunta: ¿Por qué usted, Luis Muñoz Marín, traicionó el ideal de la independencia y a los independentistas que con usted hicieron el Partido Popular para lograr la independencia?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Tomado de Pablo Marcial Ortiz Ramos, ed. En nombre de la verdad. San Juan: Instituto Gilberto Concepción de Gracia, 2007: 215-219.

Comentario

El documento del Lcdo. Giberto Concepción de Gracia resume la interpretación que el independentismo no violento y electoral maduró para explicar el giro ideológico de Luis Muñoz Marín. Los momentos claves del cambio ideológico fueron, de acuerdo con Concepción de Gracia, las elecciones de 1940 y 1944. Lo que sugiere el argumento es que la necesidad de ganar los comicios justificó la moderación del PPD. Sólo cuando el PPD está seguro de que puede ejecutar un cambio estatutario -1950- se hace pública la renuncia de Muñoz Marín a la independencia. El alegato clásico de que se trató de un “error de juventud”, se realizó en Jayuya en 1951, después de la derrota de los insurrectos nacionalistas.

Es curioso que Concepción de Gracia no mencione la Ley 53 o Ley de la Mordaza entre los argumentos para confirmar el anti-independentismo de Muñoz Marín. En Puerto Rico la misma fue interpretada como una ley “antisubversiva” y “anticomunista” y el PIP compartía esos valores con el PPD. En las elecciones de 1952, Concepción de Gracia se negó públicamente a aceptar los votos que le ofrecía el Partido Comunista Puertorriqueño y César Andréu Iglesias por temor a que calificaran al PIP como una organización subversiva.

La idea de que Muñoz Marín “traiciona” al pueblo, se cimenta sobre la percepción liberal de que la independencia es un “derecho natural” y un “destino inevitable”. La traición es contra el “estado natural” de los pueblos. Por eso el lenguaje acusatorio recuerda en ocasiones un sermón moral.

La discusión del estatus en 1943

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor

El 1943 el problema de estatus era interpretado de manera distinta por los observadores de Estados y los de Puerto Rico. La cuestión del estatus, que había sido el centro de la discusión política local desde 1900, no era una prioridad para los sectores de poder continentales. Según lo ha sugerido en repetidas ocasiones en sus textos y en sus memorias el jurista José Trías Monge, el desconocimiento de la situación de Puerto Rico dominaba entre las elites políticas estadounidenses.

El  Congreso y el Presidente tenían una visión simplista  del problema del estatus mediada en gran medida, por el reconocimiento de su poder para timonear a sus aliados políticos en Puerto Rico en una u otra dirección sin afectar aquella relación de dominio. La actitud de minusvalorar el asunto era común lo mismo a demócratas que a republicanos. El acomodo del PPD había convertido a esa organización  en el útil “aliado sumiso” que tanto beneficiaría los intereses americanos hemisféricos después de la Segunda Guerra Mundial.

Para el Congreso y el Presidente,  la solución del problema del status estaba en la revisión moderada de la Ley Orgánica de 1917. La alternativa concreta consistía en ofrecer más soberanía a Puerto Rico. Per se aceptaba que cualquier ampliación de la soberanía puertorriqueña, no debería afectar ni la relación fiscal entre ambos pueblos, ni los poderes del Congreso para intervenir en la isla obtenidos en el Tratado de París de 1899. En cierto modo, cualquier concesión de  de la más soberanía no debía alterar la soberanía. Ello explica que la idea de ofrecer más soberanía se redujera a conceder que el pueblo puertorriqueño  eligiera su Gobernador.

Una Ley de Gobernador Electivo no alteraría la relación fiscal ni quitaría soberanía al Congreso sobre la isla. El problema jurídico era que una reforma de esa naturaleza  no cumplía los requisitos de la libre determinación establecidos por la Carta de Atlántico. El sector independentista y nacionalista lo reconocía de ese modo. La brecha entre el independentismo y el populismo se profundizó y el encono contra el PPD creció alrededor de ese hecho. En 1943 se echaron las bases para la constitución del Congreso Pro-Independencia y Pedro Albizu Campos salió de prisión y se radicó en Nueva York a la espera de un mejor momento para regresar a Puerto Rico.

En medio de aquella polémica el Presidente Franklyn D. Roosevelt nombró en 1943 una Comisión Presidencial para que lo asesorara respecto al futuro de Puerto Rico. La comisión se constituyó con 4 representantes estadounidenses y 4 puertorriqueños. Dos detalles significativos de aquel comité fueron, primero, que tanto Luis Muñoz Marín como Rexford G. Tugwell, dos buenos interlocutores de Estados Unidos en Puerto Rico, tuvieron su silla en la Comisión. El segundo fue que la misma excluyó al partido Socialista, y a Bolívar Pagán, un enemigo declarado de Tugwell y de Muñoz Marín; y al Partido Unión Republicana Progresista encabezado por Miguel A. García Méndez, también anexionista y representante de los grandes intereses azucareros en el país. Las autoridades de Washington no querían a los anexionistas ni a los azucareros en sus negocios sobre el estatus.

La oferta de una Ley de  Gobernador Electivo era un mecanismo para sosegar la agitación política local y cualquier planteamiento radical. Muñoz Marín adoptó una actitud crítica respecto a la oferta, comprensible por demás en aquel contexto. Su pasado radical y la presión de los populares independentistas, explica la misma. Reconocía que el gobernador electivo no resolvería nada si se trataba de una medida aislada que no revisaba la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Con ello en mente condicionó su apoyo a la medida a que , si adjunto a ello, Estados Unidos se comprometía a cuatro cosas:

1. A quitarle al Congreso el poder de anular las leyes de Puerto Rico lo cual conllevaba eliminar el poder de veto congresional lo cual era una señal abierta del carácter colonial de la relación.

2. A quitarle al Congreso el poder de cambiar la Ley Orgánica Jones sin consultar a Puerto Rico hecho que, en la práctica demostraba quién mandaba en realidad en el país.

3. A transferir los fondos para financiar el programa de crecimiento económico de Puerto Rico en bloque para restarle margen de influencia a Estados Unidos en el país

4. A acordar una fecha para un plebiscito de libre determinación de Puerto Rico acorde con los principios jurídicos de la Carta de Atlántico

Las cuatro peticiones resultaban radicales en para un Congreso acostumbrado al poder que era incapaz de escuchar los reclamos de los subalternos. Al cabo, la impresión que quedó fue clara. Estados Unidos no estaba dispuesto s aplicar la Carta de Atlántico y el derecho de libre determinación en el país. Lo único que estaba dispuesto a dar era el Gobernador Electivo porque ello no afectaba su poder real sobre el territorio y le daba una nueva imagen a nivel internacional. En todo caso, las autoridades americanas estaban contestes en que una revisión liberal o radical al status, podía afectar sus intereses geoestratégicos en El Caribe.

La reacción en Puerto Rico

Como respuesta los sectores de poder en Puerto Rico presentaron y aprobaron la conocida Resolución Concurrente de 10 de febrero de 1943. En la misma el PPD, los partidos de la Coalición Puertorriqueña encabezados por Bolívar Pagán,  y los de la Unificación Tripartita dirigidos por José Ramírez Santibañez, consignaron el “deseo” de PR de ejercer lo más pronto posible el derecho de libre determinación. La concesión que se hacía era la misma que hizo el PPD en su programa para las elecciones de 1944: aceptaban esperar hasta que terminara la Segunda Guerra Mundial para discutir el asunto y establecieron que la decisión se tomaría en una elección especial o plebiscito. En la práctica era una manera de posponer el estatus por consenso. Para articular los acuerdos, se creó una Delegación Permanente de la Asamblea Legislativa .

Por último, en 1943 se presentaron varios proyectos de status que fueron la base para la formulación de lo que fue el  Estado Libre Asociado de 1952.  Miguel Guerra Mondragón, ExPresidente de la Cámara de Representantes y  co-autor del Proyecto Phillip Campbell de 1922, propuso la creación de un Estado Libre Asociado Puerto Rico. Teodoro Moscoso, Director de Fomento de Puerto Rico, redactó otro para la fundación del Estado Libre de Puerto Rico. se trataba de dos líderes populares reconocidos que estaban manifiestamente de acuerdo con las posturas moderadas de Muñoz Marín

En el Congreso,  Myllard Tydings, coordinador del Comité de Territorios del Senado volvió a presentar con lagunas revisiones, su proyecto para crear la República de Puerto Rico; y el Senador por Nueva York, Vito Marcantonio presentó el suyo. Ambos retomaron sus textos de 1936 como base para sus alegatos. En estos proyectos estaban las preferencias de los miembros del  Congreso Pro-Independencia, como era de esperarse.