Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

mayo 19, 2014

Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)


  • Mario R. Cancel Sepúlveda

Una mirada al pasado político de Puerto Rico no deja lugar a dudas de que el país tiene una amplia experiencia con los poderes ejecutivos fuertes. La monarquía autoritaria española, inventó la colonia en el siglo 16 y, hasta el 1898, la experiencia con regímenes participativos o de separación de poderes fue ínfima. La presencia de los vasallos en la vida pública se reducía a las elites que se insertaban en las estructuras del cabildo, donde lo había. Los Capitanes Generales que administraron el territorio desde la década de 1560, daban el aspecto temible del autócrata consumado.

Los periodos liberales de 1812, 1820, 1836 y 1868, fueron producto de graves crisis políticas en la península y se caracterizaron por la brevedad. Peor aún, durante aquellos periodos se la experiencia liberal se vivió en el marco de un gobierno colonial que siguió nombrando los gobernadores y mirando al insular, incluso a sus sectores criollos más privilegiados, con desdén y desprecio. Las prácticas económicas liberales se desarrollaron en medio de un mercado controlado por una monarquía autoritaria, y sólo sirvieron para profundizar las relaciones coloniales y  la dependencia.

El crecimiento económico del siglo 19 no significó un adelantamiento de las libertades civiles. Por el contrario, animó la sumisión de la clase criolla que confirmó su fidelidad a la hispanidad con un espíritu de sumisión total. La desconfianza de las autoridades españolas en la capacidad para el gobierno propio del pueblo puertorriqueño era compartida por los mismos intelectuales criollos que aspiraban a representarla. Los intelectuales criollos se resistían a tomar distancia de España, vejaban a separatistas independentistas, anexionistas y antillanistas e insistían, casi como un ruego, en que se equiparara la “hispanidad” insular y la peninsular. El sabor de la “democracia”  fue una rareza exótica para el paladar civil de los puertorriqueños.

A pesar de la promesa de progreso y democracia de los voceros de los invasores, el 1898, no cambió la situación. El gobierno militar producto de la guerra, dio paso a un régimen civil cuya maquinaria dependía de la voluntad de las fuerzas armadas. Algunas autorizadas voces criollas lamentaron que durara tan poco. Ese fue el caso de Salvador Brau Asencio quien pensaba que unos años más de gobierno militar no hubiesen venido mal en un país ausente de disciplina.

La relación colonial instituida por el gobierno civil acorde con la Ley Joe Foraker, una invención de un Congreso republicano que temía a los negros pobres que habitaban la isla y no era capaz de imaginarla como un Estado más de la Unión, no ha sido alterada en lo sustantivo desde 1900. Los parches jurídicos que se han puesto sobre esta relación asimétrica son pocos. Una mínima ración de poder para el Comisionado Residente, un Senado electivo en 1917, el derecho a elegir un gobernador en 1947 y una Constitución redactada localmente pero sometida a un cuerpo legislativo extranjero en 1952. La dolarización del mercado y la aplicación del cabotaje ya eran una realidad desde 1899. La ciudadanía estadounidense sin que ello significara un compromiso con la Estadidad futura del territorio impuesta en 1917, selló la relación hasta el presente.

Es curioso que la plena separación de poderes, una de las aspiraciones liberales más esperadas, sólo fuese posible desde 1917. Desde entonces, el poder legislativo se convirtió en un signo colectivo legítimo de la  identidad jurídica puertorriqueña ante el otro. En ocasiones también lo fue de identidad nacional. Estados Unidos, como el Reino de España, tampoco confiaba en dejar muchos espacios de poder a unos  colonos que despreciaba y cuya capacidad de autogobierno ponía en duda. El hecho de que entre  el 1900 y 1948 los primeros ejecutivos fuesen nombrados por una autoridad extranjera estimuló el desarrollo de poderes legislativos fuertes. Una Cámara de Delegados bajo la Ley Foraker retó la relación colonial en 1909 durante la llamada “huelga legislativa” de ese año. En 1928 un Senado dominado por aliancistas envío un mensaje descolonizador al Presidente Warren Harding de la mano de Charles Lindbergh. El consenso era que la relación estatutaria colonial no era “democrática”.

Ni lo uno ni lo otro surtió el efecto esperado y me consta que  son hechos que casi ni se recuerdan.  Sin embargo nadie puede negar que el poder legislativo, a pesar de los límites que le imponía el coloniaje, era muy vocal a la hora de manifestar sus posturas. No sé si deba aclarar que no se debe confundir lo que digo con la vulgar “nostalgia” por un pasado que se presume mejor. No soy nostálgico ni optimista y me consta que los señores legisladores de aquel entonces representaban muy bien sus intereses de clase y circulaban por los espacios del poder con el encanto que les daba su situación socialmente privilegiada.

A pesar de la difusión de la retórica estatutaria en el discurso local, después de 1952 nada más ha sucedido en ese ámbito. Los esfuerzos de “reformar” el estatus desde 1959 al presente, han colapsado ante el muro del estreñimiento manifiesto del Congreso para ampliar el margen de “libertad” de su posesión caribeña. El sabor de la democracia, que fue una de las aspiraciones más genuinas del populismo de primera fase cuando la caseta y el voto secreto y único que no se vendía, se vio reducido a migajas.

La reforma más celebrada del siglo 20, el derecho a elegir mediante el voto popular el gobernador local, cambio dramáticamente del balance de fuerzas entre el poder legislativo y el ejecutivo. La imagen del “gobernador” en la colonia recordaba, a quien poseía cierta cultura política, los malos humos de Romualdo Palacios, Emett Montgomery Riley o  Blanton Winship. Las heridas del pasado fueron cauterizadas con las figuras benévolas de Rexford G. Tugwell, “Rex the Red” para los republicanos, y Jesús T. Piñero, un popular moderado partidario del “Nuevo Trato”.

La llegada de Luis Muñoz Marín a la Fortaleza representó una “revolución” no porque fuese el primero en ocupar el puesto electo popularmente, sino porque terminó con la era de los poderes legislativos fuertes. Las legislaturas  ya no verían en el ejecutivo un adversario sino un socio poderoso al cual había que respetar y obedecer. Muñoz Marín, no hay que dudarlo, conocía las ventajas de un legislativo fuerte dado que, cuando fue electo Senador en 1940, ocupó la posición de Presidente del cuerpo. La “gobernación” entre 1940-1943, tuvo un pie en la Fortaleza y otro en el Capitolio.

El autoritarismo de Muñoz Marín era proverbial: su condición de caudillo iluminado, de figura legendaria que había guiado el Puerto Rico del siglo americano en su tránsito del “campo al pueblo” parecía justificarlo. Por eso los cuerpos legislativos sumisos se sucedieron en el panorama local bajo su gobernación. El balance se quebró, como se sabe, en medio de las  divisiones políticas que se concretaron en la década de 1960 cuando un plebiscito de estatus (1967) y el reto del Partido del Pueblo y el Partido Nuevo Progresista (1968), minaron el dominio de un Partido Popular Democrático que se abocaba a una primera crisis de identidad. Fíjese que cuando Muñoz abandonó la gobernación y regresó al Senado, la situación ya  no era la misma. Roberto Sánchez Vilella, el nuevo primer ejecutivo no podía permitir que el viejo caudillo gobernara desde su silla de Senador. Los constructores de la “democracia” la ponían en entredicho por la voracidad del poder.

El discurso “democrático” que había sido tan eficiente en la década del 1940 había perdido su solidez: se había quedado a la zaga del la realidad material de “Operación Manos a la Obra”. Siempre que reflexiono sobre aquel periodo acabo por reconocer que la experiencia de la democracia puertorriqueña ha pecado de numerosas flaquezas. La mayor candidez del paísha sido confundir el derecho a elegir mediante el voto popular a los funcionarios con la democracia, sin tomar en cuenta que esos procesos, cuando se ofrecen en un contexto colonial y de dependencia, siempre resultan cuestionables y frágiles.

 

Nota: Publicado originalmente como “Democracia y coloniaje: en busca del pasado perdido (Primero de una serie)” El Post Antillano-Revista Dominical Letras Café y Tostadas en http://www.elpostantillano.com/revista-dominical/332-caribe-hoy/10254-mario-r-cancel-sepulveda.html. Desparecido de la red, incluyo la versión original.

noviembre 3, 2013

El fin de la Era de las 936: Puerto Rico ante la Era Global


  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La segunda ofensiva en contra de la aplicación de la Sección 936 en Puerto Rico aconteció bajo la administración Bill Clinton (1993-2001) concluyó, como se sabe,  con la demolición del privilegio fiscal del Estado Libre Asociado. Un Congreso dominado por los Republicanos volvió a llamar la atención sobre los impuestos federales no pagados e insistió en que los mismos eran necesarios para balancear el presupuesto de Estados Unidos y enfrentar su  Deuda Pública, la más alta del mundo.

Los Congresistas Republicanos acusaron a la Sección 936 de actuar como un tipo de “Mantengo Corporativo”. En Puerto Rico el argumento condujo a algunos señalar la permanencia de la medida favorecía la continuación de la relación colonial denominada  ELA cuya legitimidad había sido cuestionada duramente por los ideólogos Republicanos desde 1989 sin que ello redundara en un apoyo abierto a la estadidad para el país.

EU_deuda_PublicaLa administración Pedro Roselló González (1993-2001) defendió la permanencia de la Sección 936 de una manera moderada. Uno de los problemas con los que contó fue que su Comisionado Residente Carlos Romero Barceló cabildeó para que la eliminaran coincidiendo de este modo con las políticas republicanas dominantes.  En 1999 se decidió la cancelación del privilegio fiscal efectiva en enero de 2006. En Puerto Rico los ideólogos del Partido Popular Democrático responsabilizaron a Roselló González y Romero Barceló por la eventualidad.

Lo cierto es que Roselló González y sus asesores reconocían que aquella decisión colocaba al ELA ante un abismo y que ni la Independencia ni la Estadidad estaban a la vuelta de la esquina. Un cambio de  Estatus  no podía plantearse como un mecanismo para enfrentar la nueva situación. Los especialistas de aquel gobierno solicitaron el amparo de la Sección 30-A del Código de Rentas Internas Federal con el cual pretendían ofrecer como estímulo para la inversión en la isla una exención contributiva a las empresas acorde con la cantidad de empleos que produjeran en el territorio. Los planes de aquellos asesores  se combinarían con la promoción del desarrollo de la alta tecnología en el país, apoyados en el hecho de que ya la Revolución Informática había comenzado y representaba una esperanza económica a nivel global. También aspiraban a promover que las empresas extranjeras subcontrataran servicios a compañías puertorriqueñas con el fin de  animar el empresarismo local. El Congreso de Estados Unidos  rechazó todas aquellas opciones.

Conclusiones

Entre 1999 y 2006 se vivió el fin de una época. La Sección 936 fue la última política económica que usaba las exenciones contributivas como estímulo para la inversión aplicable en el ELA. Se trataba de  una práctica común de la Era de Guerra Fría. Todo aquel engranaje dependía de la  Providencia del Estado y el crecimiento emanaba de la exención de tributos federales y estatales  y del Mercado Libre entre las dos partes impuesto en 1900. Pero el Neoliberalismo y la Globalización ya no admitirían ese tipo de prácticas.

 En 1993 se consolidó lo que se llamó el “Tratado Norteamericano de Libre Comercio” (TNLC o NAFTA: North American Free Trade Agreement). Ya en 1994, Canadá, Estados Unidos y México habían creado una “zona de libre comercio” que facultaba la circulación trilateral de mercancías y servicios en los tres países por un término de 15 años. Aquel mismo año 1994 se emitió el “Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio” (AGSAC o GATT: General Agreement of Tariffs and Trade). Para esa fecha la  “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos ya no era única y se convertía en regla del mercado mundial. La responsabilidad de Romero Barceló o Roselló González  en la desaparición de la Sección 936 fue realmente poca.

El ELA, la Industrialización Por Invitación, el Estado Interventor y Benefactor con su preocupación asistencial y la concepción del Estado como amparo del Ciudadano ante la voracidad del Capital y el Mercado, no hacían sentido en la Era Global. Puerto Rico entraba en la Era Global con los rasgos de un Estado Colonial de la Guerra Fría. la situación no ha cambiado mucho a la altura del 2013, por cierto.

noviembre 2, 2013

Puerto Rico en la década de 1970: la reformulación de las políticas económicas (II)


  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

Para las izquierdas socialistas puertorriqueñas el giro de la economía representó un problema. El mercado estaba creando trabajadores  improductivos que generaban mercancías intangibles y servicios. Los trabajadores productivos -el proletariado-,  era una especie en peligro de extinción. Las izquierdas socialistas, que habían madurado tarde el país, tenían que cambiar el lenguaje interpretativo y las tácticas revolucionarias pero nunca lo hicieron. Aquel fue el caldo de cultivo  de una crisis en aquel campo ideológico, crisis por lo demás  análoga a la que padeció el independentismo. Los periodos que van entre 1971-1973 y 1989-1991 fueron sintomáticos. Pero es evidente que aquella fractura ideológica se ha agudizado tras el fin de la Guerra Fría

Ronald Reagan y Carlos Romero Barceló

Ronald Reagan y Carlos Romero Barceló

La oposición a  la Sección  936  isla adentro

Correspondió a la administración del gobernador Carlos Romero Barceló (1977-1984) articular la misma. El neopopulismo del PNP, condujo a la organización otra vez en el poder a solicitar la eliminación del diferencial entre el Salario Mínimo Federal y el Estatal. El argumento de los Estadoístas  era que la equiparación garantizaría el “trato igual” de los ciudadanos americanos de la isla y los de la unión.  El razonamiento de los estadoístas era legítimo, pero el reclamo atentaba contra uno de los  “atractivos” del ELA  para los inversionistas: la mano de obra barata. Los ideólogos del PPD interpretaron la postura como un medio para erosionar el proyecto del ELA y adelantar la Estadidad.

El  Congreso fue favorable a la medida propuesta por  Romero Barceló, con la excepcionalidad de  que la demolición del diferencial se haría de modo “escalonado”. Romero Barceló que era un Demócrata convencido, hablaba el lenguaje de los Republicanos más conservadores, quienes habían demostrado un celo peculiar por los “privilegios” fiscales que obtenía el capital en el territorio no incorporado del ELA. El carácter “escalonado” de la aplicación reconocía, por otro lado, la fragilidad de la economía local.

El efecto del fin del diferencial fue visible de inmediato. La industria liviana heredada de “Operación Manos a la Obra”, comenzó a mover sus operaciones a mercados laborales más baratos. La Industria Pesada heredada de “Operación Manos a la Obra” y la emanada de la Sección 936, toleró el cambio dado que ya pagaban salarios más altos que los de la industria liviana.

 

La oposición a  la Sección 936 en el imperio

Durante la administración Ronald Reagan (1981-1989), la  Sección 936 fue cuestionada en el Congreso Republicano. El contexto fue la discusión de la Deuda Pública durante la sesión de 1985. La exención de tributos aplicada en el ELA fue interpretada como un acto de evasión contributiva legalizada: el fisco federal dejaba de cobrar cerca de 2,000 millones anuales. Los Republicanos veían en la aplicación de la Sección 936 a los territorios no incorporados como un tipo de “competencia desleal” con el capital de los estados de la unión y alegaban que ello implicaba un atentado contra el principio de la “libre competencia”. Además sostenían que las  oportunidades abiertas en los territorios, eran plazas de empleo que no se abrían a los obreros americanos, por lo que numerosos sindicatos apoyaron a los Congresistas sobre esa base. Los cuestionamientos era abiertamente Neoliberales.

En Puerto Rico la administración Hernández Colón (1985-1993) respondió facilitando la integración de los “Fondos 936” a la “Iniciativa para la Cuenca del Caribe”. La ICC había sido creada en 1983 por la administración Reagan y era también una política Neoliberal obvia. La misma autorizaba la entrada libre de impuestos al mercado americano de productos manufacturados en Centroamérica y el Caribe. También autorizaba la concesión de préstamos a bajo interés a los mismos con el fin de fomentar el desarrollo industrial. Políticamente se trataba de una medida interpuesta con el fin de poner freno a la actividad revolucionario en la zona: las revoluciones de Nicaragua, Granada y El Salvador representaban un dolor de cabeza para la diplomacia americana.

 

La ICC contaba con el  “Programa de Plantas Gemelas” -un adelanto de la producción en la globalización- que hacía posible que fase de la producción de una mercancía se hiciera en un país; y otra fase en otro país. Lo que determinaba dónde se hacía una fase y dónde la otra, eran los principios de costo-efectividad. La gestión de Hernández Colón, hay que decirlo, contó con el apoyo total del exgobernador de Luis A. Ferré. Ambos esperaban que Puerto Rico podría convertirse en el centro administrativo de la ICC. Aquel proceso tuvo un efecto “moderador” en la ideología política de Hernández Colón. El país se encontraba en la frontera entre dos órdenes: el Liberal de Pos-Guerra y el Neoliberal de la Post-Guerra Fría. Una era histórica estaba a punto de terminar.

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