Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

noviembre 3, 2013

El fin de la Era de las 936: Puerto Rico ante la Era Global


  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La segunda ofensiva en contra de la aplicación de la Sección 936 en Puerto Rico aconteció bajo la administración Bill Clinton (1993-2001) concluyó, como se sabe,  con la demolición del privilegio fiscal del Estado Libre Asociado. Un Congreso dominado por los Republicanos volvió a llamar la atención sobre los impuestos federales no pagados e insistió en que los mismos eran necesarios para balancear el presupuesto de Estados Unidos y enfrentar su  Deuda Pública, la más alta del mundo.

Los Congresistas Republicanos acusaron a la Sección 936 de actuar como un tipo de “Mantengo Corporativo”. En Puerto Rico el argumento condujo a algunos señalar la permanencia de la medida favorecía la continuación de la relación colonial denominada  ELA cuya legitimidad había sido cuestionada duramente por los ideólogos Republicanos desde 1989 sin que ello redundara en un apoyo abierto a la estadidad para el país.

EU_deuda_PublicaLa administración Pedro Roselló González (1993-2001) defendió la permanencia de la Sección 936 de una manera moderada. Uno de los problemas con los que contó fue que su Comisionado Residente Carlos Romero Barceló cabildeó para que la eliminaran coincidiendo de este modo con las políticas republicanas dominantes.  En 1999 se decidió la cancelación del privilegio fiscal efectiva en enero de 2006. En Puerto Rico los ideólogos del Partido Popular Democrático responsabilizaron a Roselló González y Romero Barceló por la eventualidad.

Lo cierto es que Roselló González y sus asesores reconocían que aquella decisión colocaba al ELA ante un abismo y que ni la Independencia ni la Estadidad estaban a la vuelta de la esquina. Un cambio de  Estatus  no podía plantearse como un mecanismo para enfrentar la nueva situación. Los especialistas de aquel gobierno solicitaron el amparo de la Sección 30-A del Código de Rentas Internas Federal con el cual pretendían ofrecer como estímulo para la inversión en la isla una exención contributiva a las empresas acorde con la cantidad de empleos que produjeran en el territorio. Los planes de aquellos asesores  se combinarían con la promoción del desarrollo de la alta tecnología en el país, apoyados en el hecho de que ya la Revolución Informática había comenzado y representaba una esperanza económica a nivel global. También aspiraban a promover que las empresas extranjeras subcontrataran servicios a compañías puertorriqueñas con el fin de  animar el empresarismo local. El Congreso de Estados Unidos  rechazó todas aquellas opciones.

Conclusiones

Entre 1999 y 2006 se vivió el fin de una época. La Sección 936 fue la última política económica que usaba las exenciones contributivas como estímulo para la inversión aplicable en el ELA. Se trataba de  una práctica común de la Era de Guerra Fría. Todo aquel engranaje dependía de la  Providencia del Estado y el crecimiento emanaba de la exención de tributos federales y estatales  y del Mercado Libre entre las dos partes impuesto en 1900. Pero el Neoliberalismo y la Globalización ya no admitirían ese tipo de prácticas.

 En 1993 se consolidó lo que se llamó el “Tratado Norteamericano de Libre Comercio” (TNLC o NAFTA: North American Free Trade Agreement). Ya en 1994, Canadá, Estados Unidos y México habían creado una “zona de libre comercio” que facultaba la circulación trilateral de mercancías y servicios en los tres países por un término de 15 años. Aquel mismo año 1994 se emitió el “Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio” (AGSAC o GATT: General Agreement of Tariffs and Trade). Para esa fecha la  “relación especial” entre Puerto Rico y Estados Unidos ya no era única y se convertía en regla del mercado mundial. La responsabilidad de Romero Barceló o Roselló González  en la desaparición de la Sección 936 fue realmente poca.

El ELA, la Industrialización Por Invitación, el Estado Interventor y Benefactor con su preocupación asistencial y la concepción del Estado como amparo del Ciudadano ante la voracidad del Capital y el Mercado, no hacían sentido en la Era Global. Puerto Rico entraba en la Era Global con los rasgos de un Estado Colonial de la Guerra Fría. la situación no ha cambiado mucho a la altura del 2013, por cierto.

noviembre 2, 2013

Puerto Rico en la década de 1970: la reformulación de las políticas económicas (II)


  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

Para las izquierdas socialistas puertorriqueñas el giro de la economía representó un problema. El mercado estaba produciendo trabajadores  improductivos que generaban mercancías intangibles y servicios. Los trabajadores productivos -el proletariado-,  era una especie en peligro de extinción. Las izquierdas socialistas, que habían madurado tarde el país, tenían que cambiar el lenguaje interpretativo y las tácticas revolucionarias pero nunca lo hicieron. Aquel fue el caldo de cultivo  de una crisis en aquel campo ideológico, crisis por lo demás  análoga a la que padeció el independentismo. Los periodos que van entre 1971-1973 y 1989-1991 fueron sintomáticos. Pero es evidente que aquella fractura ideológica se ha agudizado tras el fin de la Guerra Fría

Ronald Reagan y Carlos Romero Barceló

Ronald Reagan y Carlos Romero Barceló

La oposición a  la Sección  936  isla adentro

Correspondió a la administración del gobernador Carlos Romero Barceló (1977-1984) articular la misma. El neopopulismo del PNP, condujo a la organización otra vez en el poder a solicitar la eliminación del diferencial entre el Salario Mínimo Federal y el Estatal. El argumento de los Estadoístas  era que la equiparación garantizaría el “trato igual” de los ciudadanos americanos de la isla y los de la unión.  El razonamiento de los estadoístas era legítimo, pero el reclamo atentaba contra uno de los  “atractivos” del ELA  para los inversionistas: la mano de obra barata. Los ideólogos del PPD interpretaron la postura como un medio para erosionar el proyecto del ELA y adelantar la Estadidad.

El  Congreso fue favorable a la medida propuesta por  Romero Barceló, con la excepcionalidad de  que la demolición del diferencial se haría de modo “escalonado”. Romero Barceló que era un Demócrata convencido, hablaba el lenguaje de los Republicanos más conservadores, quienes habían demostrado un celo peculiar por los “privilegios” fiscales que obtenía el capital en el territorio no incorporado del ELA. El carácter “escalonado” de la aplicación reconocía, por otro lado, la fragilidad de la economía local.

El efecto del fin del diferencial fue visible de inmediato. La industria liviana heredada de “Operación Manos a la Obra”, comenzó a mover sus operaciones a mercados laborales más baratos. La Industria Pesada heredada de “Operación Manos a la Obra” y la emanada de la Sección 936, toleró el cambio dado que ya pagaban salarios más altos que los de la industria liviana.

 

La oposición a  la Sección 936 en el imperio

Durante la administración Ronald Reagan (1981-1989), la  Sección 936 fue cuestionada en el Congreso Republicano. El contexto fue la discusión de la Deuda Pública durante la sesión de 1985. La exención de tributos aplicada en el ELA fue interpretada como un acto de evasión contributiva legalizada: el fisco federal dejaba de cobrar cerca de 2,000 millones anuales. Los Republicanos veían en la aplicación de la Sección 936 a los territorios no incorporados como un tipo de “competencia desleal” con el capital de los estados de la unión y alegaban que ello implicaba un atentado contra el principio de la “libre competencia”. Además sostenían que las  oportunidades abiertas en los territorios, eran plazas de empleo que no se abrían a los obreros americanos, por lo que numerosos sindicatos apoyaron a los Congresistas sobre esa base. Los cuestionamientos era abiertamente Neoliberales.

En Puerto Rico la administración Hernández Colón (1985-1993) respondió facilitando la integración de los “Fondos 936” a la “Iniciativa para la Cuenca del Caribe”. La ICC había sido creada en 1983 por la administración Reagan y era también una política Neoliberal obvia. La misma autorizaba la entrada libre de impuestos al mercado americano de productos manufacturados en Centroamérica y el Caribe. También autorizaba la concesión de préstamos a bajo interés a los mismos con el fin de fomentar el desarrollo industrial. Políticamente se trataba de una medida interpuesta con el fin de poner freno a la actividad revolucionario en la zona: las revoluciones de Nicaragua, Granada y El Salvador representaban un dolor de cabeza para la diplomacia americana.

 

La ICC contaba con el  “Programa de Plantas Gemelas” -un adelanto de la producción en la globalización- que hacía posible que fase de la producción de una mercancía se hiciera en un país; y otra fase en otro país. Lo que determinaba dónde se hacía una fase y dónde la otra, eran los principios de costo-efectividad. La gestión de Hernández Colón, hay que decirlo, contó con el apoyo total del exgobernador de Luis A. Ferré. Ambos esperaban que Puerto Rico podría convertirse en el centro administrativo de la ICC. Aquel proceso tuvo un efecto “moderador” en la ideología política de Hernández Colón. El país se encontraba en la frontera entre dos órdenes: el Liberal de Pos-Guerra y el Neoliberal de la Post-Guerra Fría. Una era histórica estaba a punto de terminar.

Puerto Rico en la década de 1970: la reformulación de las políticas económicas (I)


  • Mario R. Cancel-Sepúlveda
  • Catedrático de Historia y escritor

La revisión de la estrategia de crecimiento se hizo sobre unas premisas conservadoras. Había que mantener  las exenciones contributivas al capital americano, el diferencial salarial entre los obreros de Puerto rico y estados Unidos debía ser mantenido y había que mantener el Estado Interventor y Benefactor, como cerebro del proceso sin cambiar el Estatus.

“Operación Manos a la Obra” (1940-1976) había descansado en la Sección 931 del Código de Rentas Internas Federal. Ello implicaba que las corporaciones podían depositar sus ganancias en banco locales las cuáles podían ser repatriadas sin pagar impuestos federales una vez liquidara  sus operaciones en el país. El acto de “repatriar” significaba enviar las ganancias obtenidas a las compañías matrices. La Sección 931 aplicaba en posesiones,  territorios no incorporados y en el ELA que no era sino otra cosa. El inciso permitía además mover las ganancias generadas a bancos de otros territorios no incorporados para la reinversión, por lo que mucha de la ganancia obtenida en Puerto Rico se movió a Guam y fue reinvertida en la especulación con los Eurodólares

En 1976 el Congreso aprobó la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Su propósito era el mismo de la Sección 931: ayudar a los territorios no incorporados y posesiones a atraer inversionistas y generar empleos. La Sección 936 también eximía del pago de impuestos federales al “repatriar” las ganancias, pero ya no había que esperar al momento de liquidación del negocio para repatriar. Bajo el nuevo esquema podría hacerse a intervalos precisos acordados con el territorio o la posesión. Si la “repatriación” era inmediata, pagaban un 10% de impuestos al territorio o posesión. Si no era inmediata y parte de la ganancia se reinvertía en el territorio o posesión, el impuesto se reducía hasta un 4%. Esa carga de entre el 10 y el 4 % se denominó “Impuesto de Repatriación” o “Tollgate Tax”. Ese era el beneficio directo del territorio o posesión que servía de escenario a la inversión. Lo cierto es que, dado que se trataba de compañías con enormes márgenes de ganancia, el beneficio era significativo a la vez que la empresas involucradas creaban cierta cantidad de empleos bien pagados. El beneficio indirecto era que las ganancias depositadas en los bancos del país, servirían de garantía para préstamos comerciales e hipotecarios y generarían actividad económica en  beneficio directo a la banca y a la construcción, por lo que se creaban cierta cantidad de empleos indirectos:

931 versus 936

El principio que fundamentaba las “Industrias 936” (1976) era análogo al de la “Ley de Incentivos Industriales” (1947): eximía del pago de impuestos federales, del pago de contribuciones estatales, del pago de impuestos a la propiedad y de patentes municipales. Además  ofrecía crédito contributivo por empleos creados y salarios pagados. La diferencia era que el “Tollgate Tax” era variable y que  la “repatriación” podía hacerse en diversos de acuerdo con el ELA. Las “Empresa 936” tenían ganancias enormes y mucho espacio de maniobra  para mover el capital en  el mercado.

La Milla de Oro, Hato Rey, Puerto Rico

La Milla de Oro, Hato Rey, Puerto Rico

Puerto Rico había sido un enclave agrario transformado por “Operación Manos a la Obra” en un enclave industrial. En ambos casos producía para la “exportación” por lo que, aunque el volumen de la economía fuese enorme, ello  no favorecía el desarrollo de una “economía nacional” ni de una “burguesía nacional” competitiva. Bajo la Sección 936  el país siguió siendo un enclave industrial y “exportador” en el cual el engranaje y el beneficiario principal de la actividad económica no era puertorriqueño. Hacia el año 2003, el 86 %  de todas las exportaciones del ELA iban hacia Estados Unidos, y el crecimiento no había servido para insertar al país en el Mercado Internacional sobre la base de la dignidad jurídica.

El depósito de los “Fondos 936” en la isla estimuló de la  banca y las operaciones de bienes raíces. Los desarrolladores de proyectos comerciales y  de vivienda, los “desarrollistas” se multiplicaron, animados  por el volumen de los depósitos bancarios y por una población que se acostumbró al consumo desenfrenado y a la ausencia de cálculo. Las necesidades particulares de las “Empresas 936” estimularon el crecimiento de la industria de los seguros, las actividades gerenciales y el trabajo clerical o de oficina que toda aquella acelerada circulación necesitaba para ser funcional. Aquella fue una atmósfera ideal para el crecimiento de los negocios de distribución de mercancías de todo tipo en el marco de un consumo que ya era voraz. Por último, el tipo de trabajo que se elaboraba en el nuevo escenario industrial, favoreció el desarrollo de una clase obrera diestra bien entrenada pero pequeña que, por sus condiciones materiales, se sentía parte de la “clase media” o se interpretaba como una “elite”.

Sin embargo, la competencia entre el capital estadounidense y puertorriqueño en esos renglones ha sido siempre muy desigual y asimétrica. La clase capitalista puertorriqueña, la burguesía grande y mediana, no está en condiciones de competir con la estadounidense. El crecimiento ha dejado a  puertorriqueños en las posiciones medianas o inferiores en el engranaje económico y en el mercado. Del mismo modo, la época dejó una marca indeleble en el mercado laboral puertorriqueño. Los sectores laborales con más capacidad empleadora fueron 3, como se verá de inmediato:


Servicios

En 1970 sumaban 117,000

En 1990 sumaban 213,000

En 2000, sumaban 307,000

 

Comercio y finanzas

En 1970 sumaban 130,000

En 1990 sumaban 190,000

En 2000 sumaban  246,000

 

Gobierno (Gigantismo y Clientelismo)

En 1970 sumaban 107,000

En 1990 sumaban  218,000

En 2000 sumaban  254,000


El sector de la manufactura más beneficiado fue la Industria Farmacéutica y, de hecho, Puerto Rico llegó a ser una de los principales productores de drogas legales en el mundo junto con Alemania: 13 de las 20 drogas de mayor venta global se elaboraban en la isla. Si bien es cierto que los sueldos en las farmacéuticas eran los más altos, la Pharmaceutical Industry Association (PIA) calculaba que aquella la industria producía 30,000 empleos directos y 90,000 indirectos. A pesar de ello, la capacidad de empleo de la Manufactura se desaceleró entre 1970 y 2000

Manufactura

En 1970 sumaban 132,000

En 1990 sumaban 165,000

En 2000 sumaban  164,000

 

Las “Empresas 936” no produjeron empleo en masa. Eso sí, generaban capital que a la larga se iba de Puerto Rico.

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