Proyecto de Independencia de Vito Marcantonio en 1943

Mario R. Cancel

Historiador y escritor

En el año 1943, el Presidente de Estados Unidos Franklyn. D. Roosevelt ordenó la creación de una Comisión Presidencial con el fin de que la misma le asesorara respecto al problema de Puerto Rico. El hecho de que había elecciones en 1944, parece haber sido crucial en la decisión. La Comisión Presidencial estaría compuesta por 4 estadounidenses y 4 puertorriqueños. A pesar de que la misma debía ser representativa de todos los grupos de opinión del país, en su constitución se excluyó a varios sectores que no parecían tener relevancia entonces en la opinión de las autoridades de Estados Unidos. El hecho de que se dejara fuera al representante del Partido Socialista, Bolívar Pagán, y al representante de la facción del Partido Unión Republicana Progresista, Miguel A. García Méndez, confirma la debilidad del anexionismo y del proyecto de la estadidad en aquel entonces.

En febrero de aquel año se creó en Puerto Rico mediante una Resolución Concurrente, la denominada Delegación Permanente de la Asamblea Legislativa para discutir el asunto del  estatus. La cuestión estatutaria ocupaba, otra vez, la discusión pública en ambas partes. En aquel año se presentaron cuatro proyectos de estatus que, en gran medida, conformaron parte de la base jurídica de que luego fue el Estado Libre Asociado de 1952. El Proyecto Miguel Guerra Mondragón proponía la reorganización de Puerto Rico en un Estado Libre Asociado; el Proyecto Teodoro Moscoso, la fundación de un Estado Libre; y el Proyecto Myllard Tydings, una República.

El lenguaje de Guerra Mondragón sugiere la idea de lo que hoy se denomina República Asociada o Libre Asociación pero sobre el modelo autonomistadel viejo Proyecto Phillip Campbell de 1922. El lenguaje de Moscoso reformulaba la idea del Estado Federal con privilegios dentro de la unión, sin denominarlo de ese modo. Y el Tydings recuerda la Independencia con Protectorado formulada a principio de siglo 20 por José de Diego. Los debates dejaron claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Congreso de Estados Unidos a la hora de conceder mayor soberanía a su colonia en el Caribe.

Vito Marcantonio y la independencia

Uno de los planteamientos más radicales de aquel momento fue el Proyecto de Independencia formulado por el Senador por el Estado de Nueva York Vito Marcantonio. Marcantonio, de origen ítalo-americano, era un antiguo colaborador de los independentistas puertorriqueños en 1937 otro documento con el mismo fin. Su fórmula era similar a lo que se denominó la Independencia en pelo que en 1912 propuso el abogado Rosendo Matienzo Cintrón como respuesta a la moderación política de De Diego y el unionismo puertorriqueño.

La meta de Marcantonio era crear la República de Puerto Rico. El proyecto establecía que Estados Unidos le había dado poca importancia al asunto y que, en efecto, autodeterminación e independencia eran sinónimas. Esta era una manera de indicar que una tercera vía o la estadidad, no eran opciones aceptables jurídicamente para el país. Con el fin de ganar apoyo en el Continente, afirmaba que la República debía desarrollar “buenas relaciones de vecino” con Estados Unidos en el futuro. Las ideas de Roosevelt marcaban el concepto. Se trataba de un parentesco que no se podía evadir. Cuarenta y cinco años dominio americano y dos guerras mundiales, no podían borrarse de golpe y porrazo mediante un decreto de independencia.

Marcantonio aceptaba el argumento jurídico del Partido Nacionalista y Pedro Albizu Campos, en el sentido de que Puerto Rico era una nación que en 1897 había adquirido soberanía a través de la Carta Autonómica. La identificación de aquella autonomía con la soberanía, si bien resulta difícil de aceptar hoy, era un argumento común del independentismo en la época. De ello se derivaba que la ocupación militar de 1898 y el traspaso de 1899 mediante el Tratado de París, habían sido actos ilegales que violaron la libre determinación e independencia de los puertorriqueños.

El otro planteamiento de Marcantonio era que Estados Unidos no había cumplido con la Carta de Atlántico en cuanto a Puerto Rico. Con un lenguaje que recuerda las interpretaciones de José Martí, Ramón E. Betances, De Diego y Albizu Campos, Marcantonio insistía en que el caso de Puerto Rico era crucial para las buenas relaciones de los americanos con Latinoamérica y para garantizar el futuro de las mismas.

En el aspecto político el proyecto establecía el retiro de Estados Unidos 90 días después de la aprobación del mismo. Aquella nación conservaría sus derechos sobre sus reservaciones militares y navales en el territorio por un periodo no mayor de 6 meses tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Marcantonio dejaba abierta las puertas para una negociación entre iguales en ese renglón, después de la paz.

En el aspecto económico el proyecto forzaba a Estados Unidos a reconocer su responsabilidad en “el estado desastroso de la economía de Puerto Rico y por la pobreza de su gente”. Una vez reconocido ese principio, se reclamaba la disposición de aquel país a pagar una indemnización a su excolonia, a autorizar el comercio libre entre ambos y a mantener sus fronteras migratorias abiertas a los puertorriqueños. Era evidente que el independentismo tampoco quería perder ciertos aspectos “ventajosos” de la relación colonial con Estados Unidos. Esa tendencia se ha confirmado a lo largo de todo el siglo 20 y principios del 21. Mediante un curioso juego un tanto demagógico, las “concesiones” reclamadas como necesarias, fueron resemantizadas hasta transformarlas en un “deber” de los americanos o en un “reconocimiento de culpa”.

El proyecto no decía nada sobre el gobierno de la futura República, su constitución o el destino de la ciudadanía americana mediatizada que poseían los puertorriqueños desde 1917. En general, se trataba de un proyecto simple y poco detallado muy debatible, cuya preocupación central era llamar la atención sobre el estatus. A pesar de ello fue considerado el más radical y no fue tomado en cuenta.

Conclusiones parciales

Cuando se comparan las cuatro propuestas la situación se aclara. Los proyectos de Miguel Guerra Mondragón y Teodoro Moscoso, representaban los intereses contradictorios del Partido Popular Democrático, organización en la cual convergían en 1943 –como en el presente-  fuerzas autonomistas y anexionistas. Ello explica que los reclamos  políticos soberanistas fuesen tan moderados en ambos. Las dos fórmulas debieron resultar extrañas para el Congreso y el Presidente, quienes comprendían mejor el lenguaje clásico de Estado Federal y la Independencia.

Los autores esperaban de Estados Unidos tres cosas:

1. Que aceptaría su responsabilidad en la pobreza de Puerto Rico
2. Que aceptaría una relación económica ventajosa para Puerto Rico
3. Que se haría responsable del desarrollo y la industrialización de Puerto Rico

No era seguro que fuese así porque el americano medio y sus esferas de poder, pensaban que Puerto Rico había crecido económicamente bajo su dominio. Incluso pensaban que las quejas locales respecto a su situación material eran excesivas o exageradas. Curiosamente, Ni el Guerra Mondragón, ni el Moscoso exigían una Constitución para Puerto Rico tras el cambio. El Tydings se había convertido en el proyecto del Congreso Pro-Independencia y los populares independentistas. De hecho, era el único que reclamaba una Constitución para el país, aunque autorizaba su revisión por el Congreso y el Presidente. También esperaba que la República reconociese el derecho de intervención a los americanos sin consultar al gobierno puertorriqueño.

La discusión del estatus en 1943

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor

El 1943 el problema de estatus era interpretado de manera distinta por los observadores de Estados y los de Puerto Rico. La cuestión del estatus, que había sido el centro de la discusión política local desde 1900, no era una prioridad para los sectores de poder continentales. Según lo ha sugerido en repetidas ocasiones en sus textos y en sus memorias el jurista José Trías Monge, el desconocimiento de la situación de Puerto Rico dominaba entre las elites políticas estadounidenses.

El  Congreso y el Presidente tenían una visión simplista  del problema del estatus mediada en gran medida, por el reconocimiento de su poder para timonear a sus aliados políticos en Puerto Rico en una u otra dirección sin afectar aquella relación de dominio. La actitud de minusvalorar el asunto era común lo mismo a demócratas que a republicanos. El acomodo del PPD había convertido a esa organización  en el útil “aliado sumiso” que tanto beneficiaría los intereses americanos hemisféricos después de la Segunda Guerra Mundial.

Para el Congreso y el Presidente,  la solución del problema del status estaba en la revisión moderada de la Ley Orgánica de 1917. La alternativa concreta consistía en ofrecer más soberanía a Puerto Rico. Per se aceptaba que cualquier ampliación de la soberanía puertorriqueña, no debería afectar ni la relación fiscal entre ambos pueblos, ni los poderes del Congreso para intervenir en la isla obtenidos en el Tratado de París de 1899. En cierto modo, cualquier concesión de  de la más soberanía no debía alterar la soberanía. Ello explica que la idea de ofrecer más soberanía se redujera a conceder que el pueblo puertorriqueño  eligiera su Gobernador.

Una Ley de Gobernador Electivo no alteraría la relación fiscal ni quitaría soberanía al Congreso sobre la isla. El problema jurídico era que una reforma de esa naturaleza  no cumplía los requisitos de la libre determinación establecidos por la Carta de Atlántico. El sector independentista y nacionalista lo reconocía de ese modo. La brecha entre el independentismo y el populismo se profundizó y el encono contra el PPD creció alrededor de ese hecho. En 1943 se echaron las bases para la constitución del Congreso Pro-Independencia y Pedro Albizu Campos salió de prisión y se radicó en Nueva York a la espera de un mejor momento para regresar a Puerto Rico.

En medio de aquella polémica el Presidente Franklyn D. Roosevelt nombró en 1943 una Comisión Presidencial para que lo asesorara respecto al futuro de Puerto Rico. La comisión se constituyó con 4 representantes estadounidenses y 4 puertorriqueños. Dos detalles significativos de aquel comité fueron, primero, que tanto Luis Muñoz Marín como Rexford G. Tugwell, dos buenos interlocutores de Estados Unidos en Puerto Rico, tuvieron su silla en la Comisión. El segundo fue que la misma excluyó al partido Socialista, y a Bolívar Pagán, un enemigo declarado de Tugwell y de Muñoz Marín; y al Partido Unión Republicana Progresista encabezado por Miguel A. García Méndez, también anexionista y representante de los grandes intereses azucareros en el país. Las autoridades de Washington no querían a los anexionistas ni a los azucareros en sus negocios sobre el estatus.

La oferta de una Ley de  Gobernador Electivo era un mecanismo para sosegar la agitación política local y cualquier planteamiento radical. Muñoz Marín adoptó una actitud crítica respecto a la oferta, comprensible por demás en aquel contexto. Su pasado radical y la presión de los populares independentistas, explica la misma. Reconocía que el gobernador electivo no resolvería nada si se trataba de una medida aislada que no revisaba la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Con ello en mente condicionó su apoyo a la medida a que , si adjunto a ello, Estados Unidos se comprometía a cuatro cosas:

1. A quitarle al Congreso el poder de anular las leyes de Puerto Rico lo cual conllevaba eliminar el poder de veto congresional lo cual era una señal abierta del carácter colonial de la relación.

2. A quitarle al Congreso el poder de cambiar la Ley Orgánica Jones sin consultar a Puerto Rico hecho que, en la práctica demostraba quién mandaba en realidad en el país.

3. A transferir los fondos para financiar el programa de crecimiento económico de Puerto Rico en bloque para restarle margen de influencia a Estados Unidos en el país

4. A acordar una fecha para un plebiscito de libre determinación de Puerto Rico acorde con los principios jurídicos de la Carta de Atlántico

Las cuatro peticiones resultaban radicales en para un Congreso acostumbrado al poder que era incapaz de escuchar los reclamos de los subalternos. Al cabo, la impresión que quedó fue clara. Estados Unidos no estaba dispuesto s aplicar la Carta de Atlántico y el derecho de libre determinación en el país. Lo único que estaba dispuesto a dar era el Gobernador Electivo porque ello no afectaba su poder real sobre el territorio y le daba una nueva imagen a nivel internacional. En todo caso, las autoridades americanas estaban contestes en que una revisión liberal o radical al status, podía afectar sus intereses geoestratégicos en El Caribe.

La reacción en Puerto Rico

Como respuesta los sectores de poder en Puerto Rico presentaron y aprobaron la conocida Resolución Concurrente de 10 de febrero de 1943. En la misma el PPD, los partidos de la Coalición Puertorriqueña encabezados por Bolívar Pagán,  y los de la Unificación Tripartita dirigidos por José Ramírez Santibañez, consignaron el “deseo” de PR de ejercer lo más pronto posible el derecho de libre determinación. La concesión que se hacía era la misma que hizo el PPD en su programa para las elecciones de 1944: aceptaban esperar hasta que terminara la Segunda Guerra Mundial para discutir el asunto y establecieron que la decisión se tomaría en una elección especial o plebiscito. En la práctica era una manera de posponer el estatus por consenso. Para articular los acuerdos, se creó una Delegación Permanente de la Asamblea Legislativa .

Por último, en 1943 se presentaron varios proyectos de status que fueron la base para la formulación de lo que fue el  Estado Libre Asociado de 1952.  Miguel Guerra Mondragón, ExPresidente de la Cámara de Representantes y  co-autor del Proyecto Phillip Campbell de 1922, propuso la creación de un Estado Libre Asociado Puerto Rico. Teodoro Moscoso, Director de Fomento de Puerto Rico, redactó otro para la fundación del Estado Libre de Puerto Rico. se trataba de dos líderes populares reconocidos que estaban manifiestamente de acuerdo con las posturas moderadas de Muñoz Marín

En el Congreso,  Myllard Tydings, coordinador del Comité de Territorios del Senado volvió a presentar con lagunas revisiones, su proyecto para crear la República de Puerto Rico; y el Senador por Nueva York, Vito Marcantonio presentó el suyo. Ambos retomaron sus textos de 1936 como base para sus alegatos. En estos proyectos estaban las preferencias de los miembros del  Congreso Pro-Independencia, como era de esperarse.

Congreso Pro-Independencia: Proclama de 1943

El Congreso Pro Independencia de Puerto Rico, integrado por delegaciones procedentes de todos los municipios del país, declara que es el derecho y la voluntad del pueblo de Puerto Rico constituirse en pueblo libre y soberano, dentro de una estrecha colaboración política y económica con las demás naciones de América, y en paz y fraternidad con todos los pueblos democráticos del orbe.

En cuatro siglos bajo la égida de España, la Nación Madre, descubridora, misionera y colonizadora del Nuevo Mundo, Puerto Rico logró formar su personalidad de pueblo, dotado de una cultura, una fe, una tradición y una historia. En cuarenta y cinco años derelaciones con los Estados Unidos, Puerto Rico ha mantenido vigorosamente su personalidad y su cultura fortaleciéndolas bajo la influencia de las ideas democráticas, y ha enriquecido la nacionalidad en sus aptitudes para el gobierno propio, en sus capacidades administrativas, en sus comprensiones sociales y en sus anhelos de mejoramiento humano.

En este momento trascendental de su vida, Puerto Rico fundamenta su reclamo a la libertad y hace descansar su esperanza y su fe reivindicadora sobre el derecho natural, sobre razones incontrovertibles de justicia y de moral, sobre el concepto bolivariano de la paridad interamericana, sobre el principio de Derecho Internacional Americano de que ninguna nación americana puede tener colonias en América, sobre las garantías de la Carta del Atlántico y de la política de buena voluntad, y en fin, sobre las bases igualitarias de la democracia.

Por el Tratado de París, de 10 de diciembre de 1898, que puso fin a la guerra con España, se depositó en el Congreso de los Estados Unidos la obligación de determinar la condición política del pueblo de Puerto Rico con arreglo a las prácticas democráticas y las instituciones libres de América. El status político definitivo de Puerto Rico no ha sido determinado aún. No se ha reconocido la soberanía de nuestro pueblo, y subsiste en la Isla un régimen de gobierno que no emana de la voluntad del pueblo. Bajo el presente sistema de sujeción política y económica, el pueblo carece de autoridad para afrontar y resolver sus problemas fundamentales.

Puerto Rico anhela constituirse como pueblo bajo una forma democrática de gobierno, preservar su personalidad histórica, desarrollar su cultura, orientar su economía, fomentar su producción, desenvolver la industria, levantar el nivel de vida y de trabajo de sus clases obreras, implantar normas de verdadera justicia social y proveer seguridad y bienestar a todos los ciudadanos. Por eso el pueblo de Puerto Rico, a través de todos sus sectores de opinión hace una categórica repudiación del régimen colonial. Para realizar su destino de pueblo y encauzar con acierto y responsabilidad las aspiraciones colectivas, es inaplazable la organización de Puerto Rico como una República Libre y soberana en el concierto de las naciones del mundo. El disfrute de la propia soberanía es absolutamente necesario para el progresivo desenvolvimiento de la cultura, la economía y el bienestar de nuestro pueblo y la dignidad nacional de nuestra patria.

Hemos rechazado ahora una vez más, por medio de este Congreso representativo de la opinión puertorriqueña, toda forma de status político que no consagre la personalidad internacional de Puerto Rico, y rehusamos, por tanto, firmemente, toda medida de carácter anexionista o absorbente, ya que ello conduciría a la nacionalidad puertorriqueña y a la anulación de su derecho a la soberanía.

El pueblo de Puerto Rico reclama su derecho a soberanía en términos de amistad y confraternidad con el pueblo de los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, la devoción tradicional del pueblo americano por las instituciones libres y la vida democrática coincide con el deber moral de ayudarnos a instituir nuestra República en el concierto de los pueblos libres de América. El pueblo de Puerto Rico confía en que el Congreso de Estados Unidos, que ya ha descargado sus responsabilidades contraídas por el Tratado de París del año 1898 con respecto a Cuba y las Islas Filipinas, actuará en cuanto a Puerto Rico sin más dilación, reconociendo la independencia de nuestra Isla, inspirado en el principio de que la democracia debe ser creadora de democracias.

Este Congreso, al proclamar el derecho de Puerto Rico a su independencia, demanda del pueblo y del Gobierno de Estados Unidos el reconocimiento inmediato de la plena soberanía política de nuestro pueblo.

Y para que este derecho y esta voluntad de Puerto Rico sean tenido en cuenta para todos los efectos presentes y futuros, y como un mensaje cordial y una franca demanda de justicia del pueblo de Puerto Rico al pueblo amigo de Estados Unidos, con fe en Dios y conciencia del destino supremo de nuestro pueblo.

Comentario:

La proclama de 1943 establece los parámetros de la discusión de la Independencia, a la vez que toma distancia respecto a las actitudes del Partido Nacionalista de Puerto Rico y su tradición de violencia. Los argumentos culturales para favorecer la Independencia coinciden con los de la Generación de 1930: España es la “nación madre” pero Estados Unidos enseñó a a los puertorriqueños las prácticas democráticas y liberales. Hostos y Pedreira confiaban en ese precepto como algo sagrado. Por eso se apela a la Independencia en términos amistosos con Estados Unidos copn el mismo lenguaje del populismo radical en 1936-1939.

La Independencia se considera un “derecho natural” refrendado por la historia y reafirmado por el principio de autodetermianción de los pueblos contenido en la Carta de Atlántico que rige la política angloamericana por ese entonces.

Reconocido que desde 1898 la soberanía de Puerto Rico radica en el Congreso de Estados Unidos de acuerdo con el Tratado de París, reclama la creación del Estado Nacional Soberano como garantía de modernización y progreso. También en este caso se alejan de los juristas del Partido Nacionalista que aducían la ilegalidad del Tratado de Paris para justificar su estado de guerra con Estados Unidos.

Se trata de un independentismo renovado, lógico y maduro, comprometido con la tradición liberal que fue incapaz de convencer a Estados Unidos.

• Mario R. Cancel
• Historiador y escritor