Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

mayo 8, 2011

Paul G. Miller: la Insurrección de Lares


Capítulo XVII Militarismo, absolutismo y separatismo (…)

11. Los comisionados de Cuba y Puerto Rico presentan informes acerca de las reformas para las Antillas.

Con sobrada paciencia los puertorriqueños, como los cubanos, habían estado aguardando desde 1837 las “leyes especiales…propias para hacer su felicidad”. Por fin en 1865, el gobierno español autorizó una información, e invitó a los cubanos y puertorriqueños a que enviaran comisionados para informar al gobierno en qué debían basarse las leyes especiales para las provincias de Ultramar.

En las elecciones de comisionados triunfó el elemento reformista. De los seis que correspondían a Puerto Rico fueron electos José Julián Acosta, Segundo Ruiz Belvis, Francisco Mariano Quiñones y Manuel de Jesús Zeno, no concurriendo los otros dos. Al tratar las reformas políticas, económicas y sociales, se dio preferencia por los informadores a la abolición de la esclavitud. Las sesiones duraron desde el 30 de octubre de 1866 hasta el 27 de abril de 1867.

Esta información no tuvo inmediatos resultados positivos. La abolición de la esclavitud no vino hasta 1873, y las reformas políticas aceptables para gran parte del pueblo no llegaron hasta 1897. Es precisamente en años posteriores a esta información que los generales Marchesi, Sanz y Palacios cometieron los mayores abusos y atropellos que se han experimentado en Puerto Rico.

Sin embargo, como dice Ángel Acosta Quintero: “Los trabajos y reuniones de la Información desacreditaron para siempre los exagerados temores y las falsas alarmas de los que se oponían á su formación y convocatoria. Con posterioridad, nadie se atrevió a defender como bueno el antiguo sistema de misterio, de silencio y de reservas que imperaba en las provincias de Ultramar. La palabra Reformas pronunciaba por todos.”

Gabinete de 1917. De izquierda a derecha: A. Ruiz Soler (Salud), José E. Benedicto (Tesorero), Ramón Siaca Pacheco (Secretario), Hon. Arthur Yager (Gobernador, 1914-1921), Paul G. Miller (Educación), Manuel Camuñas (Trabajo y Agricultura), Salvador Mestre (Fiscal General), Guillermo Esteves (Interior), Jesse W. Bonner (Auditor), Pedro L. Rodríguez (Secretario de la Gobernación)

12. Patriotas puertorriqueños desterrados.

En la guerra de Santo Domingo, de 1861 a 1865, cuando España trató, por medios violentos, de incorporar de nuevo el territorio de la República Dominicana, Puerto Rico ayudaba a la metrópoli con tributos y milicias. Como algunos puertorriqueños simpatizaban con los dominicanos se imaginaban las autoridades que se estaba fomentando una revolución, para la cual las armas y pertrechos habían de venir de afuera de un momento a otro.

Uno de los oficiales puertorriqueños Luis Padial Vizcarrondo, que servía en el ejército español, fue herido en Puerto Plata y regresó a Puerto Rico para restablecerse. Censuraba la mala administración militar de la camparía contra los dominicanos. A él atribuía el gobernador general el fomento y dirección de la revolución aludida; y, en 1864, en vista de sus sentimientos liberales, Messina desterró a Padial de Puerto Rico.

En 1867 estalló una sedición militar en la Capital, que fue sofocada inmediatamente, terminando con el fusilamiento del cabo Benito Montero, y suicidándose el coronel de artillería Nicolás Rodríguez de Cela.

El gobernador general Marchesi creía que algunos puertorriqueños tenían parte en el movimiento militar. Sin ningún procedimiento judicial, pero en pleno uso de las “facultades omnímodas” y con gran asombro del país entero, Marchesi desterró de Puerto Rico a los doctores Pedro Gerónimo Goico, Ramón Emeterio Betances  Calixto Romero Togores y a los señores Segundo Ruiz Belvis, Julián E. Blanco, José de Celis Aguilera, Vicente María Quiñones, Vicente Rufino de Goenaga y Carlos E. Lacroix. Les ordenó que se presentaran a disposición del Gobierno en Madrid y les prohibió volver a Puerto Rico.

13. La fuga de Betances y Ruiz Belvis.

Betances y Ruiz Belvis no obedecieron la orden del gobernador. Se embarcaron furtivamente en Mayagüez, tal vez con intención de llegar a Santo Domingo. La corriente los arrastró hacia el sur, y tuvieron que aterrar en la costa áspera y desierta de la actual jurisdicción de Lajas. Ocultos y protegidos por Fernando Calder, que vivía en aquella costa, se prepararon para su salida definitiva de la isla. Con la ayuda de Ventura Quiñones, hijo del malogrado Buenaventura que murió en el castillo del Morro, lograron embarcarse por el puerto de Guánica en un buque de carga, llegando a Santomas, sin mayores contratiempos. De allí fueron a Nueva York. En el New York Herald publicaron una carta en la cual manifestaron “que es enteramente falso que tengamos nada que ver con la Conspiración a que se refiere su corresponsal. El gobierno de la Isla, como es su costumbre, sin forma alguna de proceso, decretó la expulsión de varios individuos de buena posición social, entre ellos los infrascritos. Hemos rehusado de dar nuestra palabra de honor…porque sería perder tiempo, trabajo y dinero confiar en la buena fe de tal gobierno.”

En Nueva York se separaron los dos amigos. Ruiz Belvis se trasladó a Chile, donde falleció poco después a la edad de treinta y ocho años. Betances hizo rumbo hacia Santo Domingo. Después de largas peregrinaciones estableció su residencia en París. Allí dedicó sus energías a fomentar el espíritu revolucionario de los puertorriqueños y a dar impulso a la insurrección en Cuba. La Junta Revolucionaria de Cuba en Nueva York lo nombró su representante diplomático cerca del gobierno francés.

Betances murió en París en 1898. Por disposición de la Asamblea Legislativa sus restos fueron trasladados a Puerto Rico en 1920, y yacen hoy en Cabo Rojo, pueblo donde nació en 1827.

En una proclama que lanzó a los puertorriqueños desde Santomas en 1867 expuso los diez mandamientos de los hombres libres, como él llamó su programa de reformas para el país. Helos aquí: “Abolición de la esclavitud; derecho de votar todos los impuestos; libertad de cultos; libertad de la palabra; libertad de imprenta; libertad de comercio; derecho de reunión; derecho de poseer armas; inviolabilidad del ciudadano; y derecho de eligir nuestras autoridades.”

Por orden del Ministro de Ultramar, los otros desterrados pudieron regresar a sus hogares.

Todavía en 1884 se cursaron muchos telegramas entre el gobernador y el alcalde de Juana Díaz referente al paradero del doctor Betances, porque se corría el rumor de que había regresado a Puerto Rico, a fomentar una revolución.

14. Año de calamidades, 1867.

A los desmanes de Marchesi, se deben agregar dos acontecimientos que resultaron verdaderos desastres para el país. El 29 de octubre el ciclón de San Narciso causó grandes daños a las propiedades, sufriendo la agricultura y el comercio grandes pérdidas. El 18 de noviembre hubo un terrible terremoto, que tal vez ha sido el más horroroso que registra la historia de Puerto Rico. Las sacudidas duraron unos cuantos días. Muchos vecinos de San Juan abandonaron la ciudad, a causa de los desperfectos sufridos por los edificios. Las iglesias de Coamo, Corozal, Dorado, Gurabo y Juncos se inutilizaron. En los campos se abrieron grietas; y casi todas las chimeneas de las haciendas quedaron destruidas. Muchos edificios de mampostería sufrieron daños.

15. La Revolución de Lares.

La primera manifestación abierta del separatismo en Puerto Rico fue la llamada revolución de Lares. Ya en 1866 el gobernador de Puerto Rico mandó una comunicación al de Cuba referente a la “existencia de una vasta conspiración muy próxima a estallar para proclamar la independencia de estas dos Antillas españolas. Efectivamente la guerra de Cuba, que duró de 1868 a 1878, dio principio en Yara.

En Puerto Rico existían asociaciones secretas, como la sociedad Capá Prieto de Mayagüez y el Lanzador del Norte, que estaban fomentando un movimiento revolucionario. El día 20 de septiembre las autoridades sorprendieron en el Palomar, jurisdicción de Camuy al vecino Manuel González, venezolano, hallándosele pruebas de una conspiración separatista. El día 22 llegó a Mayagüez la noticia de la prisión de González. Manuel Rojas, también venezolano, presidente de la asociación secreta Centro Bravo número 2, envió un aviso a Mathias Bruckman, norte-americano, presidente del organismo Capá Prieto, que anticipara el movimiento general y que le enviara fuerzas a su hacienda en el barrio de Pezuela de Lares, para dar el grito de independencia en esa población, y luego posesionarse del Pepino (San Sebastián) y otros pueblos pequeños, antes de marchar sobre Arecibo. Mr. Bruckman reunió en su finca de café unos doscientos hombres que emprendieron la marcha a casa de Rojas en Lares. Llegó el número en la hacienda de Rojas a unos trescientos de a pie y unos ochenta a caballo. El ejército libertador de la República de Puerto Rico llegó al pueblo de Lares como a las diez de la noche del día 23. Tomaron posesión de la población, cayendo sobre los establecimientos comerciales y encarcelando a las autoridades. Dice José Pérez Moris:

“Apoderados así de la Alcaldía y arrojado el retrato del monarca y demás símbolos nacionales, procedieron los insurrectos á organizar…el gobierno provisional de la república de Puerto Rico, constituyéndolo del modo siguiente: Presidente, D. Francisco Ramírez, dueño de una mala tienda de pulpería y de escasos terrenos; Ministro de Hacienda, D. Federico Valencia, escribiente del Juzgado de Paz; Ministro de la Gobernación, D. Aurelio Méndez, Juez de paz de aquel pueblo; Ministro de Gracia y Justicia, D. Clemente Millán, dependiente de comercio; Ministro de Estado, D. Manuel Ramírez, arrendador de una gallera; Secretario del Ministerio de la Gobernación, D. Bernabé Pol, propietario arruinado.”

Además del general en jefe y jefe superior de la isla, Manuel Rojas, se reconocieron nueve generales de división. No faltaba un director general de artillería, ni un comandante general de caballería. El ejército que tal vez nunca llegó a más de 800 hombres, se retiró precipitadamente del Pepino, al encontrarse con los pocos milicianos de aquel pueblo.

Las fuerzas revolucionarias así como el presidente, ministros, y demás cabecillas se dispersaron. El venezolano [Baldomero] Bauren y el americano Bruckman fueron muertos al tratarse de reducirlos a prisión. La cárcel de Arecibo fue atestada de presos. Un consejo de guerra condenó a muerte a siete cabecillas. En España la revolución iniciada en septiembre puso fin al gobierno de Isabel II. Los condenados a muerte fueron indultados; y todos, presos y huidos, recibieron amnistía amplia.

La Revolución de Lares no pudo prosperar. Fue un movimiento prematuro. No contó con elementos adecuados para una operación militar. Sus iniciadores eran extranjeros e ilusionistas del país. No tenía el apoyo de los puertorriqueños de prestigio. El país miró sus actuaciones con indiferencia. Algunos liberales la han llamado la Algarada de Lares. En una palabra, el separatismo no tenía arraigo en Puerto Rico.

16. Elecciones y reformas.

Establecida la República en España, se decretó, en 1869, la celebración de elecciones para Cortes. De once representantes, los liberales lograron tres: Román Baldorioty de Castro, Luis Padial y José Eurípedes de Escoriaza. El nuevo gobernador Baldrich hizo las elecciones para la Diputación Provincial, con toda imparcialidad. Constituida por hombres de afiliación liberal reformista inauguró sus sesiones en 1871.

Baldrich concedió la libertad de imprenta; y se fundaron nuevos periódicos: “El Progreso” en la Capital, “La Razón” y “Don Simplicio” en Mayagüez. Todos eran de tendencias liberales y combatían a los conservadores, luego llamado Partido Español sin condiciones, cuyo vocero era “El Boletín Mercantil”. En 1873 vino la abolición de la esclavitud, por decreto de la Asamblea Nacional.

En las elecciones de 1870 tomó tanta intervención el gobierno por medio de los alcaldes y Guardia Civil a las órdenes del gobernador Gómez Pulido que solamente tres distritos eligieron sus candidatos: Ponce, Cabo Rojo y Vega Baja.

Gómez Pulido fue separado de su cargo, sustituyéndole Simón de la Torre. Éste efectuó varios cambios en las comandancias militares y otros puestos públicos para garantizar la libre emisión del voto. Vencieron los liberales. Los incondicionales, aunque en minoría, consiguieron la separación de la Torre.

En 1873 el gobernador Rafael Primo de Rivera publicó la ley votada por las Cortes en 1872, haciendo extensivo a Puerto Rico el título primero de la Constitución de 1869. Este título consta de treintaiún artículos que establecen los derechos naturales de los españoles.

La Monarquía fue restaurada en 1874. Muchos de las reformas concedidas por la República fueron suspendidas con el regreso al país del general José Laureano Sanz como gobernador.

17. Los atropellos y arbitrariedades de Sanz.

Las medidas represivas contra los intereses y libertades del país llegaron a su colmo bajo las dos administraciones del general Sanz, gobernador de triste recuerdo en los anales puertorriqueños (1868-1870 y 1874-1875).

Creó el cuerpo de la Guardia Civil y como secuela el cuerpo militar de Orden Público formados de elementos peninsulares. Disolvió las Milicias Disciplinadas, constituidas de hijos del país, y fundó el Instituto de Voluntarios con individuos de procedencia española. Esta fuerza tomó carácter político, incondicionalmente español, con gran perjuicio de la tranquilidad pública. Sanz suprimió la Diputación Provincial y los Ayuntamientos de origen popular; y los constituyó de oficio, a su gusto con elementos incondicionales. Prohibió las reuniones públicas y veladas literarias.

Separó de sus cátedras en la Sociedad Económica de Amigos del País a José Julián Acosta y Román Baldorioty de Castro por sus ideas liberales. Se negó a conceder la escuela superior de Ponce al reputado profesor Ramón Marín, quien la había ganado en rigurosa oposición. Bajo el pretexto de que estaba “destruyendo y cortando de raíz los gérmenes de separatismo que pudieran existir en el importante ramo de instrucción pública,” separó casi todos los maestros de escuela, hijos del país, para cubrir las vacantes con españoles traídos expresamente de la Península. Prohibió el establecimiento de escuelas particulares sin la autorización del gobierno, evitando así que los maestros puertorriqueños cesantes pudieran ganarse el sustento con la enseñanza particular, ni siquiera permitiéndoles dar clase en sus hogares.

Dice el historiador Coll y Toste: “Precisamente esos atropellos del gobernador…Sanz produjeron más enemigos a España que las proclamas de Betances. Todo el profesorado puertorriqueño, destituido injustamente de la dirección de sus escuelas, ganadas por oposición, fueron desde aquel trágico momento anti-españoles.”

A Sanz se le debe la instalación del telégrafo y el activar la construcción de la Carretera Central, pero se interesó en estas obras para fines militares, para mejor poder tener al país subyugado a su capricho.

18. Efectos del separatismo.

A pesar de las continuas gestiones de Betances y de Hostos, partidario de la Confederación Antillana, y de la Junta Revolucionaria establecida en Nueva York, el separatismo nunca llegó a echar raíces profundas en el suelo borincano. Los puertorriqueños dejaron de ser españoles como resultado de la Guerra Hispanoamericana. El resultado del movimiento separatista está condensado con acierto por Ángel Acosta Quintero, cuando escribió:

“Si próspero, feliz y con libertades quería a Puerto Rico con España, próspero, feliz y con libertades lo quiero con los Estados Unidos. He procurado vivir siempre dentro de la realidad, y ésta me dice que Puerto Rico, por circunstancias que no son del caso, hechos, situación geográfica, razones políticas y económicas, jamás será libre e independiente como Nación Soberana…

Así pensaron y racionaron mi padre, Román B. de Castro, los Quiñones, Vizcarrondo, Celis, Corchado, Goico, Blanco, Morales, Marín y tantos otros más, en lo pasado. Ruiz Belvis, Betances, Basora, Hostos, Henna y algunos otros más, pensaron y trataron de independizar esta tierra de la Soberanía de España. Fracasaron en sus anhelos y estuvieron siempre en minoría. El pueblo y la masa ilustrada de Puerto Rico estuvo divorciada de ellos. Esa es la verdad y a la Historia se debe la verdad.”

19. Resumen.

Hasta la implantación de la autonomía en 1898 subsistió en Puerto Rico un gobierno militar en el cual toda la administración estaba centralizada en la persona del gobernador designado por la Corona. Este sistema absolutista se prestaba a grandes abusos y el gobierno sufría alteraciones “según la mayor instrucción y modo de pensar del que gobernaba”. Salvo dos breves períodos constitucionales, hasta 1873 el gobernador tenía poderes discrecionales que le permitían cometer abusos y excesos.

Además de las Leyes de Indias, el pueblo se regía por reales órdenes y reglamentos, y por los decretos, circulares, ordenanzas y los bandos de policía promulgados por el gobernador general.

La vida del pueblo estaba reglamentada; y durante algún tiempo fue obligatorio que todos los jornaleros de la isla tuvieran su libreta de inscripción. Las reformas prometidas desde 1837 no llegaron. Con el tiempo se levantó la voz de protesta y se abrió una información en Madrid. Algunos puertorriqueños fueron desterrados. En 1868, estalló la llamada Revolución de Lares, que no tenía el apoyo del país en general. Las mayores arbitrariedades las cometieron los generales Messina, Marchesi, Sanz y más tarde Palacios. A pesar de esta forma de gobierno absolutista, los puertorriqueños se mantuvieron leales a España.

Nota: Fragmento de Paul G. Miller, “Capítulo XVII Militarismo, absolutismo y separatismo” en Historia de Puerto Rico. New York: Rand McNally y Compañía, 1939. pág. 274-284

Comentario:

El texto que sigue es un framento de un  ensayo que escribí hacia en 2010 cuya referencia es la que sigue:  “Continuidades y discontinuidades: de Salvador Brau a Paul G. Miller”en José Anazagasty Rodríguez y Mario R. Cancel (2011) Porto Rico: hecho en Estados Unidos. Cabo Rojo: EEE. 88-89.

El relato del separatismo en Paul G. Miller no es muy distinto (al de Salvador Brau Asencio). El auge separatista está relacionado con el incumplimiento de las prometidas Leyes Especiales de 1837.[1] Pero ello se combinaba con un juicio elogioso del largo gobierno de La Torre porque durante el mismo “la riqueza territorial, el movimiento mercantil y la población aumentaron considerablemente.”[2] Se trata del pragmático juicio de un hombre de negocios. Miller no compartía la censura moral que hacía Brau al periodo de las tres B’s. La impresión que queda era que celebraba el puritanismo del gobernador militar como una forma de compromiso con la moralidad.

Al enjuiciar la conspiración de los hermanos Vizcarrondo de 1838, Miller la ataba a la finalidad de “proclamar la Constitución de Cádiz de 1812”[3] e insistía en aclarar el carácter liberal y moderado de todos los conatos que se produjeron en el Regimiento de Granada en 1835 y 1838. La idea era podar su carácter amenazante y afirmarlos como movimientos que no atentaban contra la relación de Puerto Rico y España. Para concluir citaba a Coll y Toste, su autoridad preferida, diciendo que “los separatistas los crearon los malos gobernantes, que vinieron después, como Marchesi, Messina, Sanz, Palacios, atropelladores, y sus perversos consejeros, que no supieron llevar las riendas del gobierno.”[4] La imagen del separatismo como una vendetta que pudo haberse evitado reaparece. El autor presume que, en otras circunstancias, la idea de la “siempre fiel” no hubiese sido alterada.

Al cabo Lares quedaba como la “primera manifestación abierta de separatismo.”[5] En su descripción, siguiendo a Pérez Moris, Miller resaltaba el papel predominante de los extranjeros en la causa. Su juicio final era lapidario. “Fue un movimiento prematuro” cuyos “iniciadores fueron extranjeros e ilusionistas del país,” es decir, personas carentes de la virtud del pragmatismo. Todo ello condujo a la falta de “apoyo de los puertorriqueños de prestigio” y a la indiferencia del país. En una clara alusión a Brau dice que “algunos liberales la han llamado la Algarada de Lares” sin acreditar la cita en ningún momento.[6]

El separatismo no entraba nunca en crisis en el imaginario de Miller porque jamás fue una amenaza real a la relación de Puerto Rico y España. La independencia entendida como sinónimo de la emancipación a la que conducía la ley del progreso, era una utopía en el caso de Puerto Rico. La idea central del nacionalismo moderno y del progresismo teórico occidental no era funcional para este país. Miller se cuidaba de no decirlo con sus palabras. Para ello recurrió otra vez a una autoridad puertorriqueña, Ángel Acosta Quintero, hijo de liberal moderado José Julián Acosta. “He procurado –decía- vivir siempre dentro de la realidad, y ésta me dice que Puerto Rico, por circunstancias que no son del caso, hechos, situación geográfica, razones políticas y económicas, jamás será libre e independiente como nación soberana…”[7] El razonamiento de Acosta Quintero le permitió acomodar a los separatistas independentistas como una minoría de idealistas de la cual “el pueblo y la masa ilustrada de Puerto Rico estuvo divorciada” siempre.[8] Afirmar la alienación del pueblo con aquel proyecto radical era perentorio. De ese modo, la patología social era convertida en orden, la anormalidad en normalidad. El parecido de aquel discurso con el de Luis Muñoz Marín tras la consolidación del estadolibrismo es enorme.

Miller salvaba la figura compasiva de Estados Unidos. El discurso de la compasión y la inocencia americana se manifiesta con diafanidad ante el espectáculo de la opresión hispana en la Cuba del fin del siglo 19. La invasión podía ser interpretada desde ese momento como un acto humanitario y una gestión misericordiosa.

Acotación: Las notas corresponden a Paul G. Miller (1939) Historia de Puerto Rico. Nueva York: Rand McNally y Compañía.

[1] Miller 260.

[2] Miller 263.

[3] Miller 265.

[4] Miller 266.

[5] Miller 278.

[6] Miller 280.

[7] Miller 283.

[8] Miller 284.

  •  Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

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